Con dos ponencias arranca la votación de la reforma a la justicia
La reforma judicial toca aspectos reglamentados en varias reformas políticas, como es el caso de la figura de 'silla vacía'.
Con una ponencia mayoritaria y una alterna se inicia hoy la votación en tercer debate del controvertido proyecto de reforma constitucional a la justicia, que fortalece a dos entidades cuestionadas: el Consejo Superior de la Judicatura y la comisión de Acusación de la Cámara de Representantes
Más información
La ponencia mayoritaria, defendida por la mayoría de partidos de la coalición de gobierno, establece que por ley se podrá ordenar la creación de conjueces ad-hoc para la descongestión judicial a abogados, notarios, centros de arbitraje o centros de conciliación, que uno de los autores de la ponencia alterna, el representante del Partido Verde, Alfonso Prada, considera como una especia de 'privatización de la justicia'
La reforma judicial toca aspectos reglamentados en varias reformas políticas, como es el caso de la figura de 'silla vacía'. Al respecto establece que los miembros de corporaciones públicas de elección popular solo podrán ser reemplazados en caso de muerte incapacidad médica absoluta para ejercer el cargo, cuando el titular del escaño haya sido condenado por delitos contra los mecanismos de participación democrática o por la renuncia justificada y aceptada por la corporación respectiva
La ponencia mayoritaria revive la comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que había sido eliminada en lo aprobado en sus dos debates iniciales por el Senado. Dicha célula podrá designar una comisión especial de instrucción para que lleve los procesos y los pase a la comisión para que decida si lleva el caso a la plenaria de la Cámara o no. Es decir, le crean una sala especial para investigar "y al final pase exactamente lo mismo que hoy, unos políticos deciden con fórmula política lo que debe ocurrir: nada", según el representante Germán Navas Talero, del Polo democrático, quien suscribe la ponencia alterna con el representante Prada
La propuesta alterna establece que todo tipo de pleitos judiciales debe tener un plazo máximo de un año para resolverse en la primera instancia judicial. "Nada sacamos si una reforma a la justicia no acerca la administración al ciudadano, que debe esperar hasta 10 años para que le resuelvan un divorcio, una acción civil y mucho más una denuncia penal", dijo Prada
Según la ponencia mayoritaria, los procesos de pérdida de investidura de un congresista deben adelantarse en dos instancias en cada una de las cuales habrá un plazo máximo de 4o días para resolver. La primera estará a cargo de una sala del Consejo de estado, y la segunda por la sala plena pero sin participación de la que adelantó el proceso en su primera decisión
De manera similar los delitos que se investigarán contra congresistas solo pueden ser comisionados inicialmente por la Fiscalía general. En caso de haber acusación, se llevará a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que fallará en primera instancia, y en la etapa definitiva lo hará la correspondiente sala de la Corte Suprema de Justicia. En todo caso la función de juez de garantías la cumplirá la Corte Constitucional.
