Investigan 1.300 casos de posible fraude a la ley de víctimas

Durante los últimos dos meses, el Gobierno Nacional puso en conocimiento de la Fiscalía 1.300 denuncias de falsos abogados que están recogiendo la información de las víctimas beneficiarias de la ley de reparación para ofrecer falsos beneficios

La preocupación es mayúscula en el alto gobierno porque están en peligro 4 millones de posibles beneficiados de la ley. Las denuncias se han entablado por fraude y manipulación de la norma que en enero entra en vigencia

En los 800 municipios donde hay víctimas se han presentado casos en Santa Marta, Sucre, Sincelejo y Cesar, que es el departamento que causa más preocupación

En zonas como Aguachica, en Cesar, estas personas reparten un volante que dice: “si no le han dado atención humanitaria, si no ha accedido a la institución de la tierras, nosotros le ayudamos” y por esa ‘ayuda’ cobran 20 mil pesos

El modus operandi se repitió en Valle, Cúcuta y Cauca. Lo peligroso para las autoridades, el Ministerio de Justicia y Acción Social es que a las víctimas les hacen firmar poderes y los enlistan para seguirles la pista

Han llegado hasta a falsificar firmas y publicar avisos en periódicos, como en Antioquia, donde salió un supuesto comunicado donde se hablaba de cómo llenar unos formularios. “Ahora están usando unos formularios que salieron a la calle en Antioquia diciendo: ‘llene este formulario para reclamar la ley de víctimas’, inclusive vienen con mi firma y es una firma falsa”, afirmó el director de Acción Social, Diego Molano

Hasta ahora las labores para evitar más casos han sido infructuosas. Los funcionarios de los ministerios de Interior, Justicia y Agricultura se enteran de estas situaciones porque los mismos embaucados llaman a preguntar

Por tal razón se envió un llamado de alerta para evitar estas situaciones y recordar que de las 4 millones de víctimas que se van a beneficiar, no todos se tienen que inscribir como afectados por el conflicto. “La ley entra en vigencia el 1 de enero, pero las víctimas no tienen que apostarse en las oficinas de acción social. La mayoría de beneficiados ya están en las bases de datos y si no lo están el gobierno tiene la obligación de buscarlos”, informó el director de justicia transicional del ministerio de justicia, Miguel Samper

Todos los casos en la fiscalía ya están documentados y se preparan las primeras imputaciones a los abogados