Ana Fabricia era una líder comunitaria y había hecho denuncias contra la Policía

La líder comunitaria Ana Fabricia Córdoba, asesinada en las últimas horas en el nororiente de Medellín, era una desplazada del Urabá chocoano y reclamante de esas tierras en ese parte del país, y había denunciado con frecuencia el despojo de los predios por parte de bandas criminales

Sus familiares y las organizaciones sociales que la conocieron aseguraron que su muerte se debió a las múltiples denuncias y a la desprotección en que estaba pese a las amenazas recibidas desde hace más de diez años

La Corporación para la paz y el desarrollo social, Corpades, confirmó que la señora Córdoba Cabrera, de 51 años, se había desplazado de Urabá hace diez años y se había asentado en el sitio denominado La Cruz, en las laderas del nororiente de Medellín, donde inició un proceso de organización de los otros desplazados que iban llegando a la ciudad, o que arribaban de otros barrios de Medellín, también amenazados por grupos criminales

Desde 2001, cuando llegó a Medellín se dio a conocer por esas actividades sociales, comunitarias y de reclamación de sus propiedades, como también la presunta connivencia de algunos miembros de la fuerza pública con bandas criminales

El siete de julio del año pasado fue asesinado uno de sus hijos en Medellín, hecho que fue denunciado por Ana Fabricia como un homicidio cometido por miembros de la Policía y desde entonces empezó a denunciar nuevas amenazas en su contra

Por estas denuncias, la señora Córdoba Cabrera, también integrante de la Ruta Pacífica de Mujeres, había recibido atención y orientación de la Fundación Forjando Futuro, una ONG dedica dedicada al acompañamiento y asesoría de las víctimas de la violencia y a los reclamantes de tierras de la zona de Urabá y otros lugares del país

En el 2008, la señora Córdoba Cabrera fue la organizadora de la asociación Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz –Latepaz-, creada también para acompañar a víctimas del conflicto armado y, era una reconocida integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres, una organizada que propende por una salida pacífica a la violencia

Según Corpades y otras ONG dijeron que las campañas contra las bandas criminales le habían generado amenazas de muerte que ella misma, en recientes foros con autoridades locales, regionales y nacionales, había denunciado

Debido a estas amenazas debía vivir en casas de inquilinato o pensiones, pero carecía de protección del Estado

Durante el encuentro del Comité Metropolitano de Derechos Humanos, realizado Abril, en la Alcaldía de Medellín, se había producido una de las denuncias más puntuales.