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Información sobre 'chuzadas' realizadas desde el DAS era conocida por miembros del gobierno: Fiscalía

La Fiscalía tiene en su poder evidencias para demostrar que las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales eran reportados a integrantes del gobierno.

La Fiscalía tiene en su poder evidencias para demostrar que las interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos, así como los seguimientos ilegales realizados desde el DAS contra defensores de Derechos Humanos, dirigentes políticos opositores y periodistas, eran reportados a integrantes del gobierno, cuyas identidades aún están por establecerse

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Caracol Radio tuvo acceso al documento mediante el cual una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al ex subdirector del DAS José Miguel Narváez y a otros seis ex funcionarios implicados en el escándalo de las "chuzadas", en el que se indica que los directivos del Departamento Administrativo de Seguridad en los años 2004 y 2005, eran los encargados de rendir informes sobre las actividades ilícitas a miembros del ejecutivo

Textualmente, el documento señala que "es evidente que el G3 constituía una empresa criminal creada dentro del DAS con concertación y acuerdo de voluntades, no sólo de quienes fueron miembros del grupo, sino igual y principalmente, de los superiores y directivos de la entidad, los que a su vez debían rendir informes a miembros del gobierno nacional"

La Fiscalía concluyó que "en dicho grupo se escogían de manera permanente objetivos o blancos, cuya característica común era ser opositores del gobierno nacional y se realizaban respecto de ellos toda clase de actos delictivos, tales como seguimientos ilegales, interceptaciones telefónicas, de móviles y de correos electrónicos, con la específica finalidad de conocer sus movimientos y alertar al gobierno nacional sobre los mismos, al igual que diseñar estrategias para debilitar e intimidar a quienes ostentaban ideología y convicciones diferentes"

La Fiscalía decidió compulsar copias e iniciar investigación para determinar quienes son los funcionarios del gobierno nacional involucrados en el escándalo de las "chuzadas", con base en informes de inteligencia en los que se señala que el entonces director del DAS Jorge Noguera, debía alertar al gobierno, en especial al ministerio de Defensa, "para elaborar estrategias que minimicen los efectos de las prácticas de las ONG"

"Tal situación será investigada por separado a efectos de establecer cuales eran los funcionarios del gobierno nacional, a quienes se entregaban dichos informes y los que además, tenían conocimiento de las actuaciones ilegales de esta naturaleza que se perpetraban en el DAS, con la finalidad de alertar al gobierno sobre las actuaciones de las ONGs", determinó la Fiscalía

"Surge en consecuencia con claridad que el G3 era un grupo conformado con la finalidad indeterminada de cometer delitos contra organizaciones y personas opositoras del gobierno nacional, en abierta contraposición al concepto de Estado Social y Democrático de Derecho que contempla la Constitución Política en el que se garantiza el derecho a la oposición, al punto que varios preceptos constitucionales propenden por su respeto; lo contrario sería aceptar la existencia en nuestro Estado de un régimen totalitario", dice el documento de la Fiscalía conocido por Caracol Radio

Entre muchas cosas irregulares que encontró la Fiscalía en las actividades del DAS están seguimientos contra el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, contra el padre Javier Giraldo y contra la premio Nobel de la paz, Shirin Ebadi

La Fiscalía también indicó que "el acuerdo propio del concierto para delinquir tenía como finalidad atacar de manera generalizada, sistemática e indiscriminada a toda persona u organización con tendencia opositora al gobierno por parte de agentes del Estado, aludiendo razones de Seguridad Nacional"

"Al respecto, de suma trascendencia y gravedad por decir lo menos, resulta la cuidadosa escogencia de blancos, confección de un plan criminal y estrategias para contrarrestar la opinión contraria al gobierno nacional, tales como la vulneración ostensible del derecho a la intimidad y seguimientos, e incluso, la plantación de inteligencia ofensiva", concluye la resolución de acusación

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