El gobierno presenta las reformas política y judicial

El gobierno radicó este martes ante el Congreso sus dos proyectos bandera de la legislatura: las reformas política y judicial. Se trata de dos enmiendas a la Constitución Nacional para proporcionar nuevas herramientas tendientes a purificar el ejercicio de la política y a subsanar falencias en la administración de justicia. Reforma política Radicada ante la Cámara de Representantes por la viceministra del Interior, María Isabel Nieto, la parte más novedosa del proyecto contempla que los congresistas con investigaciones penales no podrán renunciar a su curul, es decir no podrán sustraerse a ser procesados por la Corte Suprema de Justicia. En caso de investigaciones se aplica 'la silla vacía'. Se acaban las suplencias o los reemplazos temporales de los congresistas. Solo se procederá al reemplazo por muerte o incapacidad permanente o renuncia justificada. La dimisión por abrirse investigación será considerada como injustificada y no admitida. Otra novedad en el proyecto es que el voto en blanco jugará en las elecciones como un 'candidato' de carne y hueso. Si este tipo de votos obtiene la mayoría en cualquier eleccion, deben repetirse las elecciones con candidatos diferentes a los derrotados. Establece también que los partidos que tengan nexos con asociaciones ilegales o se financien con dineros de oscura procedencia perderían la curul del candidato avalado y podrían perder la personería jurídica. El Consejo Nacional Electoral queda facultado para revocar toda inscripción que no esté acompañada de pruebas documentales de no estar incurso el candidato en inhabilidades e incompatibilidades. El gobierno revive la propuesta derrotada en el referendo de 2003 para que el voto de los congresista sea nominal y público. Un "mico" en el proyecto es que impide al gobierno la designación en cargos públicos para los familiares de los magistrados de las altas cortes, el Procurador, el Fiscal y el Consejo Electoral, pero permite que esos mismos funcionarios sean designados en cargos diplomáticos en el exterior. La reforma política también permite que los partidos postulen candidatos a cargos de libre nombramiento y remoción pero de manera pública. Pero prohíbe a quienes postulan y eligen a otros servidores el dar recomendaciones e influir sobre nombramientos y contratos en la entidad del nombrado. Finalmente la reforma regresa al Congreso en pleno la facultad de elegir al Registrador del estado Civil, pero los candidatos deben surgir de un concurso de méritos. La reforma judicial La reforma a la justicia, según el gobierno, tiene el objetivo de afianzar la autonomía e independencia de la rama Judicial, pero muy poco menciona aspectos de la justicia propiamente dicha, excepto en lo referente a los congresistas. Por ejemplo, establece la doble instancia para los legisladores tanto en los procesos penales como en los de la pérdida de investidura. En el primer caso, la investigación y primer fallo corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mientras que la última instancia queda para la Sala Plena. En la pérdida de investidura también el primer fallo es de una de las secciones del Consejo de Estado, y la última en el Consejo pleno. Y en los dos casos, la Corte Constitucional queda facultada para actuar como 'juez de garantías' de los congresistas. Se le quita a la Procuraduría la función de investigar disciplinariamente a los congresistas. Esta facultad pasa a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En cuanto a la elección de magistrados, se retorna a la figura de la cooptación, es decir que los mismos tribunales son los encargados, por consenso, de elegir a los nuevos magistrados. Se elimina la potestad del Presidente de la República para designar candidatos a la sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Las Cortes no podrán elegir o postular candidatos para cargos que no pertenecen a la administración de justicia. La Sala Administrativa de la Judicatura quedará facultada para tomar determinaciones relacionadas con la descongestión judicial, la agilizxación de trámites de procesos y de la carrera judicial. Finalmente la reforma judicial establece requisitos para el ingreso y retiro de magistrados de las altas cortes, fija su periodo constitucional e impide su reelección. Igualmente prohibe la elección de un magistrado en otro tribunal.