Gobierno tramitaría la extradición de directivos de la empresa 'Chiquita'

El ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, afirmó que el gobierno tramitará la extradición de los directivos de la empresa estadounidense Chiquita Brands, previa solicitud de la Fiscalía o de un juez, por contribuir con la financiación de grupos terroristas a través del pago de 'vacunas'.
Dijo que solo la administración de justicia podría calificar el delito en que habrían incurrido los autores del pago extorsivo, supuestamente a cambio de seguridad para los directivos y funcionarios.
En ese caso, señaló el ministro, la justicia podría elevar la solicitud al gobierno, que está dispuesto a tramitar el pedido de extradición por la vía diplomática, a través de la Cancillería, para que las autoridades de Estados Unidos envíen a los directivos de la empresa a responder ante los tribunales colombianos.
La Fiscalían pide a EEUU que informe sobre el caso
La Fiscalía colombiana oficiará a las autoridades americanas para que le suministren el acuerdo judicial en el que la multinacional bananera Chiquita Brands acepta haber entregado dinero a los paramilitares.
La petición se hará a la Corte Distrito de Columbia, ante la cual Chiquita reconoció haber aportado a las Autodefensas 1,7 billones de dólares, entre 1997 y 2004, para que protegiera a los trabajadores de la empresa en el país.
Según el fiscal Mario Iguarán, la información que debe ser entregada en pocos días le permitirá a la Fiscalía establecer si el aporte de Chiquita Brands tiene relación con el ingreso ilegal de 3 mil fusiles a Colombia, armamento con el cual se produjeron varias masacres en la zona bananera.
El Fiscal recordó que por el tráfico ilegal de estas armas el ente investigador detuvo a 4 personas, entre ellas a 3 funcionarios de la DIAN. Igualmente se vinculó a la investigación al representante legal de Banadex, filial de Chiquita Brands, Giovanni Hurtado Torres, pero posteriormente fue desvinculado.
Mario Iguarán calificó el aporte de la multinacional a las AUC como una situación de complicidad, gravedad y complicación que se constituye en un desequilibrio para la ofensiva militar y jurídica de Colombia, teniendo en cuenta que 1.7 millones de dólares es tres veces más de lo que el país recibe en un año de asistencia externa para la lucha contra los grupos armados ilegales.