La tutela contra sentencias no crea inseguridad jurídica

La facultad de la Corte Constitucional para revistar tutelas contra providencias de los magistrados, no crea inseguridad jurídica, por el contrario fortalece la defensa de los derechos fundamentales de la población.
A esta conclusión llegó el presidente de la Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar, señaló que el 72 por ciento de los colombianos respaldan la acción de tutela porque consideran que es efectiva para proteger los derechos y las garantías ciudadanas.
En diálogo con Caracol Radio aseguró que "en lo referido a facultad de revisión de la Corte Constitucional, está función de ninguna manera crea inseguridad jurídica cuando concede tutela contra sentencias judiciales".
Explicó que œes indispensable que exista un órgano de cierre para las tutelas que falla las otras Cortes, atendiendo que se requiere unificar conceptos y jurisprudencia constitucional".
Esta posición interna que se debate en las altas Cortes contrasta con la tesis de los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, quienes sugieren que se debe eliminar la facultad de la Corte Constitucional "como tribunal techo para revisar tutelas".
En declaraciones a Caracol Radio, el presidente de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba Triviño, recordó que "la carta política del 91 le otorgó esta facultad a la corporación", y precisó que sólo el 0.02 por ciento de las más de 90 acciones de tutela que revisa la Corte, corresponde a fallos contra providencias judiciales.
Gracias a la tutela 80.000 colombianos pudieron reclamar los servicios de salud
La Defensoría del Pueblo prendió las alarmas ante una eventual reforma a la tutela
La entidad advirtió que en Colombia se ponen 230.000 tutelas al año, y una tercera parte corresponde a pacientes con enfermedades, costosas cuyos tratamientos fueron negados por las EPS.
Tan sólo los enfermos de sida incrementaron el uso de la tutela desde 1999 en un 407 por ciento, mientras que en tratamientos y reclamos de medicamentos en general, fue del 280 por ciento el incremento.
Ante esta situación la Defensoría se hace los siguientes cuestionamientos: ¿Qué habría sido de la suerte de cerca de 80 mil ciudadanos a quienes se les negó arbitrariamente el contenido del Plan Obligatorio de Salud, POS, al que tenían legítimo derecho si no hubiese existido el mecanismo de la tutela?
¿Quién pondera los riesgos vitales al que pudo haberse expuesto injustamente a toda esa población?
Una pregunta que deja abierta el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, en el más reciente estudio sobre la evolución de la tutela en Colombia.