El proyecto de Justicia y Paz, no se ajusta a las normas internacionales en favor de las víctimas, dice la ONU

El proyecto de ley de "Justicia y Paz" aprobado por el Congreso de Colombia presenta "una serie de elementos que no se ajustan" a principios y normas internacionales en favor de las víctimas, advirtió la ONU.
El director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OCACNUDH), Michael Frûhling, dijo que su despacho insistió en las observaciones del caso ante el Ejecutivo y el Legislativo.
"Los procesos de negociaciones para superar el conflicto interno deben siempre estar fundados en la verdad, la justicia y la reparación", dijo el diplomático al aludir a la reciente aprobación parlamentaria del proyecto de ley para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
"Sin verdad, justicia y reparación son imposibles el establecimiento de la paz y el logro de la reconciliación nacional", sostuvo Frûhling, que asistió a la inauguración de una reunión sobre víctimas de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.
La conferencia de tres días reúne a cerca de 700 víctimas de crímenes atribuidos a agentes estatales y a las (AUC), que avanzan en un proceso de paz con el Gobierno del presidente Alvaro Uribe.
El director de la OCACNUDH dijo que su oficina siempre ha considerado que "un proyecto de ley cuya finalidad sea procurar la desmovilización de los grupos armados ilegales debe ajustarse" a los principios y normas internacionales sobre esos tres elementos.
En este contexto, observó que un proyecto de esta índole debe ser compatible con las obligaciones judiciales contraídas por Colombia, entre ellas las del estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI).
Asimismo, debe "ser diseñado sin ignorar ni olvidar que Colombia, desde hace mucho tiempo, padece una situación persistente de conflicto armado interno dentro del cual los miembros de los grupos armados ilegales se han involucrado en frecuentes y reiteradas conductas constitutivas de delitos graves conforme al derecho internacional".
"No pocos de esos delitos caen dentro del campo de los crímenes sujetos a la competencia" de la CPI, notificó Frûhling.
Según él, los beneficios judiciales deben condicionarse a la cooperación voluntaria y eficaz con el Estado para "esclarecer la verdad, señalar las responsabilidades de carácter penal (...) y recuperar para sus legítimos propietarios los bienes violentamente arrebatados".
También, continuó, deben considerarse las "características especiales" de grupos de víctimas como los de niños y niñas, mujeres, comunidades indias y de negros.
Para la OCACNUDH, el proyecto no debía definir como "delitos políticos conductas que no pueden ser consideradas como un ataque contra el régimen constitucional y legal", y tampoco "establecer conexidad entre delitos políticos y delitos comunes constitutivos de graves violaciones (...) o de infracciones".
"Como lo demuestra la dolorosa experiencia de otros países, los procesos de paz o de transición a la democracia no pueden apoyarse en el olvido de los crímenes, ni en la excesiva indulgencia con respecto de los criminales, ni en el menosprecio de lo que las víctimas tienen derecho a exigir en materia de reparaciones", enfatizó Frûhling.