Denuncian intervención EEUU en América Latina con Plan Colombia

San Salvador.--- El Plan Colombia, que busca acabar con el cultivo y el tráfico de drogas con apoyo de Estados Unidos, es considerado "un peligro" para América Latina por académicos y políticos congregados en San Salvador, que lo ven como un instrumento de intervención política y militar.
Esta es la conclusión de la decena de ponencias presentadas hoy en el "Primer Encuentro Internacional de Solidaridad y por la Paz en Colombia y América Latina", en el que participan medio millar de delegados de organizaciones sociales y de partidos políticos de izquierda de una veintena de países.
Miguel Urbano Rodrigues, del Partido Comunista Portugués, afirmó que el Plan Colombia fue concebido en Washington para funcionar como "eje de una ambiciosa estrategia hemisférica y el blanco es la totalidad de América Latina, cuya transformación en protectorado de nuevo tipo trasciende del proyecto del ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas)".
Agregó que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia presentaron el plan como "un proyecto humanista concebido para luchar contra el narcotráfico y crear condiciones para el desarrollo económico y social", pero casi la totalidad de los fondos ofrecidos por el primero se destinan al combate directo o indirecto de la guerrilla.
Esta semana, la embajadora de Estados Unidos en Bogotá, Anne Patterson, declaró en una teleconferencia a periodistas salvadoreños, que el Plan Colombia no tiene nada que ver con la lucha contra los insurgentes, sino que su objetivo es acabar con la mayor fuente de producción de cocaína en el mundo.
Informó de que Colombia, principalmente en las provincias del sur, produce el 70 por ciento de la cocaína del mundo y Estados Unidos invertirá 1.300 millones de dólares en el plan, que "es un programa integral, no solamente un componente militar", aunque reconoció que éste "es importante".
Un documento, presentado en el foro en la capital salvadoreña, dice que el Plan Colombia contempla una inversión de 7.500 millones de dólares, de los cuales el Gobierno de ese país deberá aportar 4.000 millones, Estados Unidos 1.575 millones y el resto se espera que lo hagan la Unión Europea y Japón.
La embajada de Estados Unidos en San Salvador difundió un documento que informa de que las metas primordiales de ese país en la región andina son promover y apoyar la democracia; fomentar el desarrollo económico sostenible y la liberación del comercio, y reducir las fuentes de oferta de drogas ilícitas a Estados Unidos.
Arturo Campos, dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), contradijo los objetivos del Plan Colombia en todos sus aspectos y deploró que Estados Unidos no haya decidido invertir los recursos económicos militares en ayuda al desarrollo económico y social de las poblaciones más pobres de América Latina.
El Gobierno de Estados Unidos insiste en que sólo apoya un plan elaborado por Colombia, pero la mayoría de participantes en el foro aseguran que el gobierno de Andrés Pastrana sólo fue receptor del mismo.
El secretario general del Partido Popular Socialista de México, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, afirmó que el Plan Colombia "amenaza el proceso de paz y la autodeterminación del pueblo colombiano" y señaló que, incluso, fue aprobado antes por el Congreso de Estados Unidos que por el de Colombia.
Sostuvo que el Plan Colombia y el Plan Puebla Panamá (PPP) "son complementarios y su objetivo final es el mismo: la sumisión total de todos nuestros pueblos, más todavía. Se trata de la actualización de la vieja ambición de Washington que se concreta en una nueva y brutal ofensiva".
El PPP fue suscrito por los presidentes de México, Centroamérica, Belice y Panamá el pasado 15 de junio en San Salvador y contempla una veintena de proyectos de infraestructura y desarrollo en la región.
El político dominicano Narciso Isa Conde dijo que la estrategia de dominación actual ha devenido en "un plan de recolonización integral, con marcados aspectos de reconquista o conquista de mercados, territorios, recursos naturales, reservas científicas, biodiversidad, instituciones, empresas y servicios públicos e instalaciones militares estratégicas".
Todo ello, añadió, "con un manto de democracia y una hipócrita defensa de los derechos humanos".