Al punto de Alejandro Santos Rubino
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¿Qué les pasará a los militares colombianos presos en Haití?

Audio revela que los torturan, los dejan morir y quieren que se autoinculpen Qué salida hay?

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La situación de los 18 ex militares autores materiales del magnicidio del Presidente de Haiti Juvenel Moise es dramática. En un audio denuncian que han perdido 15 a 20 kilos, no tienen acceso a sus familiares o abogados y los han sometido a todo tipo de vejámenes. Según ellos quieren desviar la investigación.

¿Qué puede pasar con estos colombianos presos? ¿Podrán tener un juicio justo?

Aquí tenemos dos temas: un drama humanitario y un desafío judicial.

En lo humanitario, el gobierno colombiano tiene que garantizar a través de canales diplomáticos que se respeten los derechos fundamentales de estos colombianos y que tengan un trato digno. En este sentido es necesario la intervención de los organismos internacionales de derechos humanos y ONG para que monitoreen la situación de este grupo de colombianos.

El desafío judicial es bastante complejo porque varios de los autores intelectuales hoy detentan el poder en Haití y hay poderosas fuerzas oscuras que están desviando y presionando la investigación. Un magistrado que llevaba la batuta judicial tuvo que renunciar por las amenazas a su familia. Y el Fiscal General de Haití que acusó al Primer Ministro ante un juez porque tenía pruebas de su posible involucramiento en el magnicidio fue destituido por su acusado. A esto hay que sumarle la complicidad de altos mandos de la policía y poderosas familias que también están detrás del complot. Es decir, no va a ser nada fácil encontrar a los autores intelectuales.

¿Cómo lograr entonces esclarecer el crimen?

La única posibilidad es a través de la creación de una comisión o de un tribunal internacional. En Haití hay un estado fallido, y una captura del poder por parte de bandas corruptas y criminales que hacen imposible la actuación legítima de las instituciones.

Una opción, por ejemplo, es crear un tribunal internacional parecido al que respaldó las Naciones Unidas para esclarecer al asesinato del primer ministro del Líbano Rafik Hariri en 2005.

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