Imputación por falsos positivos: ¿un paso para conocer la verdad?

En Hora20 un debate para analizar una serie de decisiones que ha venido tomando la Jurisdicción Especial para la Paz sobre ejecuciones extrajudiciales. Se debatió sobre las implicaciones de la imputación y las versiones que ya han entregado algunos exmilitares. Por otro lado, una mirada a los obstáculos que se empiezan a encontrar ante ciudadanos que no se quieren vacunar.

Con diez días de diferencia la Jurisdicción Especial para la Paz toma dos importantes decisiones en materia de ejecuciones extrajudiciales. La primera, el pasado martes 6 de julio cuando les imputó cargos a nueve militares retirados por los delitos de homicidio en persona protegida, asesinato y desaparición forzosa. Todos estos, militares en la zona del Catatumbo, por lo que significó la primera decisión en el primer microcaso de los seis que abrió la JEP en el macrocaso 003.

Por otro lado, está la decisión que se tomó este jueves con respecto a 15 militares que también fueron imputados por homicidio y desaparición forzada: 2 coroneles, 6 oficiales, 4 suboficiales y tres soldados en la región de la Costa Caribe, en este caso por el asesinato de unas 127 personas entre enero del 2002 y julio del 2005. En este caso, los magistrados encontraron patrones determinantes para la comisión de los delitos: la alianza con los paramilitares de la zona y las víctimas que eran personas engañadas o con falsos vínculos con organizaciones guerrilleras. Además, se determinó que, en ese periodo de tiempo, el 87 por ciento de los resultados demostrados por el coronel Mejía, uno de los imputados este jueves, fueron producto de homicidios y de desapariciones y no de bajas en combate como fueron presentados en un principio.

Esta es la segunda decisión que toma el tribunal de paz sobre ejecuciones extrajudiciales, en ambos han encontrado patrones similares como la confirmación de una organización criminal; los ataques generalizados y sistemáticos y la política de incentivos que terminaron siendo contraproducentes. Tesis, que no ha caído bien en organizaciones como Acore, pues creen que daña la imagen del Ejército.

Lo que dicen los panelistas

Lariza Pizano, politóloga, periodista y analista, planteó que el auto de la JEP legitima la justicia transicional por varias razones: “por el hecho de mostrar celeridad frente a procesos que estaban en justicia ordinaria” y agrega que al ser un auto sustentado, se le agrega importancia. De otro lado, aseguró que en un contexto de tanto dolor como el que se ha vivido, es relevante el valor de saber lo que ha pasado en el conflicto.

En cuanto a la imagen de la jurisdicción, recordó que en las últimas encuestas si hay alguna institución con aumento de legitimidad, es la justicia transicional. “No es cierto que haya percepción de parcialidad en general, aunque puede que lo haya en algunos sectores”, concluyó.

Para Catalina Ortiz, representante a la Cámara por la Alianza Verde, este auto es fundamental al tener elementos que se quisiera haber visto antes y que ahora se empieza a ver y a confirmar lo perverso que fueron los incentivos.

Resaltó que es importante que se haga justicia, pero que al tiempo se aprendan las lecciones de lo que dejó la política de incentivos y la manera como se conformó una organización criminal y no algo simplemente aislado.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, destacó que el auto lo pudo haber hecho la jurisdicción ordinaria, pero reconoce que la sistematicidad en el caso de falsos positivos es algo innegable, una política que rechazó y la cual considera no se debería repetir.

Frente a la negativa de la JEP de aceptar una necropsia a los 11 diputados del Valle asesinados, recalcó que el propósito de una investigación es encontrar responsables y conocer la verdad, por lo tanto, dice que en esa medida la necropsia tendría lugar para esclarecer los hechos.

Ricardo Ferro, representante a la Cámara por el Centro Democrático, señaló que desde hace un tiempo sectores políticos vienen aplaudiendo las decisiones que toma la JEP, así como otros se distancian de decisiones y piden que se establezca una sala especial para militares. No obstante, dijo que en el momento y la coyuntura en el que se produce la imputación, se afecta claramente a las Fuerzas Militares.