¿Por qué las cuentas de Chía están embargadas?
El municipio busca un acuerdo de pago con una de las constructoras del C.C. Fontanar, para cancelarles una millonaria deuda, pendiente desde 2014.
Centro Comercial Fontanar / Colprensa
El origen de esta deuda está relacionado con el pago de la contribución de plusvalía por el predio conocido como “Hacienda Fontanar” por parte de la constructora Haikú, el cual fue demandado. La historia comienza en el año 2000, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado por el Concejo de Chía, determinó que los terrenos de la conocida hacienda Fontanar eran urbanizables, considerados como generadores de plusvalía. La plusvalía es la ganancia que va a tener un predio como consecuencia de un mejor aprovechamiento de su suelo.
En el año 2008, el Concejo expidió el acuerdo municipal No. 8, el cual fijó la plusvalía en 40%, esto motivado por una orden judicial. Posteriormente, en 2010, el alcalde de Chía para la época expidió el decreto No. 59, el cual determinó el valor que debían pagar los propietarios de las tierras beneficiadas anteriormente con la plusvalía, entre ellas la hacienda Fontanar.
Entre los años 2012 y 2013 los propietarios del predio mencionado, llamados “Haiku Associated Inc.” y “Ganaderia Hacienda el Palmar” cancelaron en dos pagos al municipio de Chía la suma de 15.960.971.840 pesos, por concepto de dicha plusvalía.
“Lo que pasó es que en 2014 estos propietarios demandaron al municipio ante el Tribunal de Cundinamarca por considerar irregular este cobro. En una primera instancia, el Tribunal falló a favor de los demandantes, pero la administración municipal apeló la decisión ante el Concejo de Estado, pues es la instancia judicial de cierre”, recuerda Luís Carlos Segura, alcalde de Chía.
Cinco años después, en 2019, el Consejo de Estado ratificó la sentencia y ordenó al municipio devolver la suma originalmente pagada por Haikú y sus socios, pero ajustada a valor presente, según el IPC, es decir, 31 mil millones de pesos.
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A ese respecto, el alcalde dijo: “Cuando inicié mi administración, en el mes de enero de 2020, ya existía la obligación económica, la cual no había sido pagada porque no existía la apropiación presupuestal suficiente para hacerlo”.
Luego llegó la pandemia del COVID-19 y los recursos del municipio se invirtieron en la atención de la urgencia social y de salud, por lo cual se hizo imposible pagar la deuda en el tiempo estipulado. Con el objetivo de cumplir con la obligación heredada, Segura y su equipo de la Oficina de Defensa Judicial sostuvieron once encuentros de negociación con los acreedores, en los cuales se plantearon diversas opciones de solución, pero todas ellas fueron rechazadas, pues esta alta suma es difícil de cancelar de forma inmediata y en un solo pago.
Hasta que llegó una nueva decisión judicial, la Magistrada Nelly Yolanda Villamizar, ordenó el pasado 11 de marzo de 2022 el embargo de todas las cuentas bancarias pertenecientes a la administración municipal de Chía, para garantizarle a los demandantes la devolución del pago de su plusvalía, fallo que puso en riesgo la estabilidad financiera del municipio y sus proyectos.
“Al día de hoy hemos interpuesto todas las acciones jurídicas posibles para levantar la medida cautelar, por considerarla desproporcionada e injustificada. La orden de embargo está siendo atendida por todo nuestro equipo jurídico y estamos buscando la forma menos traumática para para cumplir con la obligación, que ya cumple 11 años”, aseguró el alcalde.
Segura también enfatizó en que esta contingencia económica fue informada oportuna y previamente a las calificadoras de riesgo al momento de expedir el documento de calificación requerido para adquirir el cupo de endeudamiento de Chía. De momento, este pago no afecta el cupo de endeudamiento de la ciudad.
