Un entramado de corrupción ocasionó pérdida de dineros para vías en Galeras

Una supuesta red de corrupción, que habría entregado dádivas para quedarse de manera irregular con varios contratos y apropiarse de dineros públicos dispuestos para la pavimentación de vías en Galeras (Sucre), fue desarticulada gracias al abundante material de prueba y evidencia física que obtuvo la Fiscalía General de la Nación.

Cuatro personas fueron capturadas por personal del CTI, se trata de: Remberto Javier Amell Hernández, quien fue alcalde municipal en el periodo 2016 – 2019; Carlos Eduardo Cueto Corrales, secretario de Planeación para la época de los hechos; Lila Margarita Aldana Argel, particular, y Jorge Carlos Álvarez Rivero, contratista.

De acuerdo con la investigación, el entonces mandatario, supuestamente, acudió a un representante a la Cámara y a una senadora de la República para que mediaran ante el Departamento Prosperidad Social (DPS) para que el municipio recibiera recursos del orden nacional, con el propósito de reparar la malla vial. Finalmente, a la administración de Galeras (Sucre) le fueron asignados 13.212 millones de pesos. Por la gestión, los congresistas habrían recibido el 15% de la suma desembolsada.

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Con este millonario rubro se suscribieron, mediante licitación pública, tres contratos de obra distintos. Uno para la “construcción de pavimento en concreto rígido” por 4.134 millones de pesos, con plazo de ejecución de 6 meses; otro para la “construcción de pavimento en concreto hidráulico” por 2.793 millones de pesos; y el tercero, para la “construcción de pavimento en concreto rígido” por 3.796 millones de pesos.

Los funcionarios, presuntamente, direccionaron la contratación en los tres procesos contractuales, en beneficio de unas empresas específicas. Al parecer, estructuraron los pliegos de manera amplia, los modificaron y los entregaron con antelación a los oferentes de su interés. Adicionalmente, hay evidencia de que se redujo el tiempo de la licitación para evitar la participación de otras empresas y fueron presentadas ofertas falsas para facilitar el camino de quienes finalmente se quedaron con los contratos.

Por esta actuación, el entonces alcalde, supuestamente, recibió 50% de las ganancias netas del primer contrato de obra.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los señalados involucrados, delitos como: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, acuerdos restrictivos de la competencia, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer. Los cargos fueron aceptados por los procesados.

La Fiscalía realizó compulsa de copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que asuma los asuntos de su competencia.