Condenados 2 exalcaldes de Boyacá por delitos asociados a corrupción
La justicia dió sentencia condenatoria contra los exalcaldes de Caldas y Sáchica (Boyacá), un exsecretario de planeación y tres contratistas.
Condenados 2 exalcaldes de Boyacá por delitos asociados a corrupción(Getty Images)
Tunja (Colombia)
Bajo el liderazgo de fiscales adscritos a la Unidad Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Boyacá, la Fiscalía General de la Nación logró que jueces de conocimiento condenan a los ex alcaldes de los municipios de Caldas y Sáchica (Boyacá), responsables de delitos contra la administración pública.
El primer caso se relaciona con José Rubiel Páez, alcalde de Caldas (Boyacá) para el periodo 2008-2011, quien fue condenado a 6 años y 3 meses. En primera instancia un juez de conocimiento de Chiquinquirá determinó la responsabilidad del exmandatario en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía demostró que en diciembre de 2011 Páez contrató la remodelación de la estación de policía del municipio de Caldas usando una modalidad que no aplicaba por la cuantía y el objeto del contrato. Además, firmó las actas de recibo final y de liquidación del contrato sin que el mismo se hubiera ejecutado.
El juez del caso libró orden de captura contra el hoy condenado para que cumpla la sentencia en establecimiento carcelario.
El segundo caso cobija a Héctor Antonio Amado, exalcalde del municipio de Sáchica (Boyacá), a su secretario de planeación Fabián Augusto Aconcha y a 3 contratistas.
Tanto el exmandatario como el ex secretario y dos de los contratistas deberán purgar penas de 45 meses de prisión, cada uno. El tercer contratista fue sentenciado a 39 meses de cárcel.
La decisión judicial fue proferida por el Juzgado Cuarto Penal de Tunja tras la aceptación de cargos por los procesados. La Fiscalía imputó a los implicados los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, y falsedad ideológica en documento público.
Las irregularidades investigadas se presentaron en la contratación para el mantenimiento de las vías veredales del municipio. La cuantía contratada fue de 120 millones de pesos y la interventoría por 6 millones de pesos. Estas sumas fueron canceladas sin que se ejecutarán las obras respectivas.
El exmandatario presentó como soporte para el cobro de los recursos públicos actas, informes registros fotográficos y documentos falsos.
