Cartagena de Indias

Profirieron pliego de cargos a dos exalcaldes locales de Cartagena

Al parecer, la construcción de la clínica La Ermita no se habría ajustado a los planos presentados ni a lo aprobado en la licencia

Al parecer, la construcción de la clínica La Ermita no se habría ajustado a los planos presentados ni a lo aprobado en la licencia /

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a los exalcaldes locales de la Localidad Histórica y del Caribe Norte de Cartagena, Mauricio Guillermo Betancourt Cardona (2012 – 2015) y Javier Enrique Jaramillo Martínez (2016 – 2017), por presuntas irregularidades en el control y vigilancia a la construcción de la clínica La Ermita, en el barrio Pie de la Popa.

Los cargos también se dictaron contra la exinspectora de Policía, Amalia Jaspe Prens (2017), y la exfuncionaria de esa alcaldía local, Xenia Gómez Bustamante (2006 – 2020).

La Procuraduría Provincial de Cartagena indicó que, al parecer, los exalcaldes locales no efectuaron las acciones de control necesarias, ya que, presuntamente, los trabajos ejecutados no se habrían ajustado a los planos presentados, ni a lo aprobado en la licencia de construcción.

Agregó que durante los trabajos efectuados no se habrían adoptado las medidas necesarias para proteger a las personas y propiedades colindantes, lo que habría generado daños en las edificaciones vecinas y derivó en una orden de suspensión y demolición de las obras iniciadas.

Por su parte, la entonces inspectora de Policía, Amalia Jaspe Prens, al parecer habría incurrido en una omisión de sus funciones, al no hacer efectiva la orden de demolición impartida, “con lo que presuntamente afectó sus deberes funcionales, desconociendo los principios que sirven de protección a la función pública y, por ende, su comportamiento se presenta como sustancialmente ilícito”, precisó el Ministerio Público.

Finalmente, Xenia Gómez Bustamante presuntamente incumplió su deber de hacer efectiva la medida de suspensión de las obras.

Por esos hechos el Ministerio Público calificó la aparente conducta cometida por los investigados como una falta grave a título de culpa grave.

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