Más de un mes completan enfrentamientos por tierras en Cajibío, Cauca
Campesinos e indígenas exigen predios de Smurfit Kappa Cartón de Colombia
10 fincas forestales han sido invadidas de manera violenta / Smurfit Kappa
Popayán
Comunidades campesinas e indígenas Misak continúan ocupando y reclamando terrenos de propiedad de la multinacional Smurfit Kappa Cartón de Colombia, lo que ha generado alteraciones de orden público desde hace más de un mes.
El secretario de Gobierno de Cajibío, Edison Chacón, dijo que se han registrado daños de consideración a la flora y la fauna, y lamentó las confrontaciones que han sostenido los reclamantes de tierras con los trabajadores de la empresa.
Asimismo, indicó que las vías en las veredas cercanas han resultado afectadas por las acciones, por lo que los habitantes deben acudir a otras carreteras para circular y sacar sus productos al mercado.
En la zona hay presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía Nacional y uniformados del Ejército Nacional.
Chacón hizo un llamado a la Agencia Nacional de Tierras para que intervenga de inmediato en el conflicto y se eviten más enfrentamientos.
El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, dijo que, en el marco de la institucionalidad, deben proteger la propiedad privada y pidió demostrar la intención de diálogo y concertación.
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La multinacional Smurfit Kappa, denunció que más de 10 fincas forestales han sido invadidas de manera violenta y a la fecha, se ha producido la tala de 43 hectáreas de árboles de pino y eucalipto, fuente de 15.000 metros cúbicos de madera legal para varias industrias.
“La quema de 5 hectáreas de bosque natural donde la Compañía había identificado 285 especies de flora y fauna, que servían de protección para el río Carrizal del que se abastecen de agua más de 1.000 familias”.
Por otra parte, reportó la destrucción de la plantación que alojaba dos estudios de investigación, cuyos resultados eran invaluables para la comunidad científica y académica del sector forestal a nivel nacional e internacional.
Finalmente, advirtió que los actos ponen en riesgo 180 empleos en el municipio y amenazan la continuidad a la inversión social y económica.
Es de recordar que las comunidades ocuparon los predios en el autodenominado ejercicio de “recuperación de la madre tierra”, exigiendo al Gobierno Nacional que compre los terrenos y los distribuya entre los manifestantes.
