Un juez debe ser la autoridad a dar instrucciones: Camacol sobre Aquarela
El gremio de la construcción en Bolívar defendió las declaraciones del alcalde Dau y las calificó como acertadas al respetar el debido proceso
(Colprensa)
Cartagena de Indias
Por medio de un comunicado, Camacol Bolívar manifestó que la instrucción dada por el Ministerio de Cultura al Alcalde William Dau, está desconociendo las situaciones jurídicas consolidadas y el principio de legalidad, al solicitar tomar decisiones sobre un informe que no hace parte del expediente de ninguno de los procesos jurídicos que enfrenta el proyecto habitacional.
El gremio sostuvo que Juez de la República, en el marco del proceso legal que se surte para el proyecto, debe ser la autoridad llamada a dar las instrucciones del caso.
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“En este sentido consideramos que las declaraciones del Alcalde William Dau, son acertadas, al respetar el debido proceso y tendrá en cuenta las instrucciones dadas en base a los procesos jurídicos que ya se surten”, manifestó Camacol.
“A lo anterior se suma el ejercicio del Control Urbano, el cual cobra relevancia en los municipios y distritos cuando se presentan casos como el de Blas de Lezo, y otros proyectos que ni siquiera contaban con licencia pasaron inadvertidos, como gremio de la construcción estamos de acuerdo que se ejerzan todas las debidas funciones para impedir que este tipo de construcción informales se sigan generando en la ciudad. Las decisiones de control urbano se deben sustentar en soportes y estudios técnicos, y no en criterios subjetivos”, argumenta la gerente de Camacol Bolívar, Angélica Salas.
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Según el gremio, antes del inicio de la pandemia, se veía una disminución del 45% en los lanzamientos de proyectos VIS mientras que a nivel nacional los lanzamientos crecieron un 17,4% en el 2019.
“Esta disminución se debe a no tener la normativa clara, hoy en día para el licenciamiento de proyectos de Vivienda de Interés Social que están en proceso de preventa o licenciamiento, esta actuación de la administración anterior está teniendo un impacto negativo en la producción de vivienda de interés social y no está permitiendo a los cartageneros acceder a los subsidios del Gobierno Nacional”, concluyó Camacol.
