Judicial

Fiscalía investiga a funcionarios de Pereira por sobrecostos en mercados

La secretaria privada de la Alcaldía, el director de Gestión del Riesgo, dos contratistas y un gerente de supermercado entre los investigados.

La Fiscalía General de la Nación realizará imputaciones y solicitará medidas de aseguramiento contra la secretaria privada de la Alcaldía de Pereira, Mónica Patricia Botero Montoya, el coordinador de la Dirección de Gestión del Riesgo de la capital risaraldense, Alexánder Galindo López, y los contratistas Julio César Bustos Villegas, Jhon Jairo Segura Varela y Efraín Rodríguez Prieto.

Según investigaciones de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, estarían vinculados en la apropiación ilícita de 96 millones de pesos por posibles sobrecostos en contratos de mercados para atender a las poblaciones más vulnerables desde que se decretó la emergencia sanitaria en el país. Los contratos en la lupa de los entes de control estarían sin cumplimiento de requisitos legales y habría lugar a peculado por apropiación.

"Se están solicitando las imputaciones con medida de la secretaria privada del alcalde de Pereira, del director de Gestión del Riesgo y de varios supervisores, representantes legales y contratistas. En las próximas semanas daremos a conocer los avances de estas investigaciones con nuevas imputaciones y medidas de aseguramiento", confirmó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.

El informe entregado por los entes investigadores señala que "la secretaria privada de la Alcaldía de Pereira profirió dos actos administrativos mediante los cuales designó a los contratistas Emprender S.A., y Bustos y Compañía para suministrar mercados como ayudas humanitarias. Las dos empresas habrían acordado previamente, mediante cotizaciones, el valor de los insumos a entregar. De esta manera se generaron posibles sobrecostos".

Estos hallazgos presentados en la tarde del jueves se desprenden de una gran investigación que adelantan en todo el país, en la que han verificado más de 3 mil contratos, han realizado 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, además de 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país.

Hay diez alcaldes del país imputados con diferentes delitos, tres alcaldes, tres gobernadores y diez funcionarios y contratistas llamados a interrogatorio en calidad de indiciados y 23 contratistas y funcionarios de diferentes entidades del país imputados y con medida de aseguramiento.

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