Gobierno busca recursos para reconstruir las vías afectadas por el terremoto: necesita $2,7 billones
Advirtió que el sector enfrenta más de $100 billones en sentencias, demandas y reclamaciones contra el Estado.

Ministra de Transporte Elsa Noguera

Transporte
La reconstrucción de la infraestructura de transporte afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto tendría un costo preliminar cercano a los $2,7 billones. Así lo explicó la ministra de Transporte, Elsa Noguera, durante el XIII Congreso de Asofiduciarias, donde presentó las alternativas que estudia el Gobierno para conseguir recursos y poner en marcha las intervenciones en las zonas afectadas.
De acuerdo con el balance entregado por la funcionaria, de los 113 puntos viales afectados por el sismo, 103 ya cuentan con paso total, mientras que otros 10 continúan en estado crítico. En estos últimos se requieren trabajos para reconstruir tramos de carretera, mejorar los sistemas de drenaje y reparar puentes que ya presentaban deterioro por falta de mantenimiento.
La ministra señaló que, de los recursos estimados, cerca de $240.000 millones corresponderían al déficit de los sistemas de transporte masivo, ocasionado por los días de cierre y las afectaciones derivadas de la emergencia. El Gobierno busca asumir ese costo. Para la infraestructura vial se necesitarían al menos $2,5 billones, de los cuales alrededor de $1 billón se destinaría a cinco vías del Chocó.
¿Cómo busca financiar el Gobierno la reconstrucción?
Uno de los mecanismos que explicó Noguera consiste en utilizar los contratos de concesión vial que ya existen en las zonas afectadas. La propuesta es que las empresas encargadas de esas carreteras puedan asumir nuevas obras relacionadas con la emergencia, incluso cuando no estuvieran contempladas inicialmente en sus contratos.
Para ello, el Gobierno está utilizando como piloto las herramientas previstas en el Decreto 1424 de 2026. La ministra explicó que se busca aprovechar la capacidad técnica y operativa de los concesionarios que ya están presentes en los territorios, de manera que puedan intervenir con mayor rapidez y sin depender exclusivamente de nuevas contrataciones.
En su intervención, Noguera habló de la posibilidad de aumentar el margen de las adiciones a los contratos, que actualmente mencionó en un 20 %, hasta un 50 %, además de ampliar los plazos de ejecución. Se trata de una alternativa que podría servir como referencia para discutir ajustes posteriores en las reglas de las asociaciones público-privadas.
Como ejemplo, mencionó la concesión Buga-Buenaventura. Según explicó, el proyecto está dividido en 21 unidades funcionales y nueve habían estado suspendidas. Después de resolver dificultades relacionadas con las comunidades y asuntos ambientales, las 21 unidades se encuentran nuevamente en ejecución. La idea es revisar qué obras adicionales podrían incorporarse para atender las afectaciones de la emergencia.
Sin embargo, advirtió que los ingresos por peajes no necesariamente serían suficientes para cubrir todos los trabajos, por lo que el Ministerio ha solicitado al Ministerio de Hacienda revisar la posibilidad de contar con vigencias futuras, es decir, compromisos de recursos del presupuesto de años posteriores.
La ministra señaló que esta alternativa no tendría las mismas posibilidades en todos los territorios. Puso como ejemplo al Chocó, donde no existen concesiones viales porque, según explicó, el tráfico de las carreteras no permite sostener un esquema de cobro de peajes.
Gobierno busca ampliar Obras por Impuestos
La segunda alternativa que presentó la ministra es ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos para que pueda utilizarse en más municipios afectados por el terremoto.
Actualmente, este instrumento tiene condiciones de aplicación relacionadas con los municipios PDET —Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial— y las zonas ZOMAC —Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado—. La propuesta del Gobierno es que también puedan acceder a este mecanismo otros territorios afectados por la emergencia, aunque no hagan parte de esas categorías.
La idea es que empresas y contribuyentes puedan destinar recursos a proyectos de infraestructura y, a cambio, obtener el beneficio tributario previsto en este mecanismo. De esta manera, se busca movilizar inversión privada para financiar obras que necesita la población afectada.
En ese proceso, Noguera explicó que el sector de concesiones y otros participantes han ofrecido donar los estudios y diseños en fase tres de algunas vías del Chocó. Estos estudios permiten contar con un mayor nivel de detalle técnico sobre las obras que se necesitan, sus costos y la forma de ejecutarlas.
“Lo que hemos logrado es que los concesionarios y el sector nos donen los estudios y diseños en fase 3 de las vías que tenemos en el Chocó”, señaló la ministra.
Una vez estén listos, los proyectos se presentarían ante la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y pasarían por la revisión técnica del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Posteriormente, el Gobierno buscaría que empresas interesadas los financien a través de Obras por Impuestos.
La presión fiscal y las cuentas pendientes del sector transporte
La búsqueda de recursos para la reconstrucción se da en medio de las denuncias por las dificultades fiscales que, según la ministra, enfrenta el Gobierno. Durante su intervención, Noguera aseguró que en los ultimos cuatros años el gasto mensual promedio del Estado habría sido de $40 billones, mientras que los ingresos rondaban los $29 billones. Esto representaría una diferencia de aproximadamente $11 billones cada mes.
También afirmó que la deuda pública pasó de $800 billones a $1.200 billones en cuatro años, un incremento cercano al 50 %. En ese contexto, explicó que “uno de cada tres pesos que ingresan al Gobierno se destina al pago de la deuda, entre capital e intereses”.
Por esa razón, defendió la llamada “ley de rescate”, que, según explicó, busca ajustar el gasto del Estado a sus ingresos y no limitarse a cubrir el faltante de recursos que existe actualmente.
A esa presión se suman las reclamaciones económicas que enfrenta el sector transporte. La ministra aseguró que uno de los principales problemas de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) son los procesos y reclamaciones relacionados con los contratos de concesión.
Según el balance que presentó, hay cerca de $8 billones asociados a dos sentencias judiciales, otros $16 billones en controversias ante tribunales internacionales y alrededor de $81 billones en reclamaciones. En conjunto, las cifras superan los $100 billones.
Noguera relacionó parte de estas controversias con los cambios en las condiciones de los contratos. Como ejemplo, mencionó la decisión de congelar los incrementos de los peajes, pese a que algunos contratos contemplan ajustes ligados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
“Cuando cambiamos vía decreto las condiciones contractuales claramente eso genera desconfianza”, afirmó.
Frente a este panorama, la ministra aseguró que el Gobierno está dialogando con concesionarios y contratistas para buscar salidas concertadas y evitar que las controversias terminen generando mayores costos para el Estado. Entre las alternativas mencionó la figura del “feliz componedor”, como un mecanismo para acercar a las partes y resolver las diferencias.

Alisson Torres Herrera
Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...




