Reforma tributaria 2026: MiPymes advierten freno a la contratación de empleados

La presidenta del Observatorio Nacional de la MiPyme, Rosmery Quintero, manifestó su preocupación por los cambios que plantea la reforma tributaria y advirtió que un eventual aumento en los costos laborales podría dificultar la generación y sostenimiento del empleo formal en las micro, pequeñas y medianas empresas.

La dirigente gremial cuestionó, entre otros aspectos, la propuesta de reducir la exoneración de los aportes patronales a salud, SENA e ICBF, beneficio que actualmente aplica a trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos y que, de acuerdo con la propuesta, tendría un alcance más limitado.

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Quintero señaló que esta modificación se sumaría a otros costos que ya enfrentan los empleadores, entre ellos la reducción de la jornada laboral, el pago del 100 % de los recargos y los incrementos del salario mínimo.

“Eso sumado a un salario mínimo del año pasado, que es el que está aplicando el presente año, demasiado alto, y que a nosotros nos está quedando muy difícil sostener empleo y, por consiguiente, casi que imposible generar nuevo empleo”, afirmó.

Ante este escenario, pidió que durante el debate de la reforma se tengan en cuenta condiciones específicas para las MiPymes, al considerar que este segmento representa una parte importante de la generación de empleo en el país.

Entre las propuestas planteadas por el gremio está establecer una tarifa diferencial del impuesto de renta del 30 % para las MiPymes, en lugar de avanzar hacia una tarifa general del 31 % para empresas de todos los tamaños.

También solicitó excluir del impuesto del 4 x mil las transacciones bancarias destinadas al pago de nómina y otros movimientos directamente relacionados con las obligaciones laborales de las empresas.

“Vamos a seguir insistiendo que ese 4 x mil para todos los movimientos bancarios que tengan que ver con pagos de nómina de toda la parte laboral no se le aplique”, sostuvo Quintero.

La dirigente también consideró positiva la propuesta relacionada con el aporte del empleador a las cajas de compensación familiar, que actualmente corresponde al 4 %, y planteó revisar el porcentaje que se aplicaría dentro de la reforma.

Otro de los puntos de preocupación está relacionado con el impuesto de Industria y Comercio, ICA. Quintero señaló que las diferencias en tarifas y normas entre municipios generan dificultades administrativas y afectan la planeación de las empresas.

Como ejemplo, mencionó el caso de Barranquilla, donde, según explicó, algunas actividades empresariales pueden terminar enfrentando mayores obligaciones tributarias cuando registran mejores resultados económicos.

Por ello, el Observatorio Nacional de la MiPyme pidió avanzar hacia una mayor unificación de las tarifas y reglas del ICA, además de garantizar condiciones tributarias claras y estables para las empresas.