Senado aprobó la ley de sometimiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella
En medio de una tensa discusión con el Pacto Histórico, el oficialismo logró la victoria con una votación de 57 votos a favor y 24 en contra, esto en el título y pregunta del proyecto. Falta el debate de la Cámara.
Congreso. Foto: EFE / Carlos Ortega / Carlos Ortega
El Senado aprobó, tras casi seis horas de debate, la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella. En medio de fuertes choques con la oposición, la votación del título y la pregunta del proyecto quedó con 57 votos a favor y 24 en contra. A esta hora está pendiente la decisión de la Cámara de Representantes.
Durante toda la jornada, el Pacto Histórico y otras bancadas independientes intentaron modificar el texto; sin embargo, la plenaria aprobó, en su mayoría, la ponencia que defendía el Gobierno. Sin embargo, el Pacto, el Centro Democrático y los independientes terminaron unidos para eliminar el artículo 25.
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Tras esta votación, el ministro de Justicia, Iván Cancino, agradeció el respaldo de las bancadas, pero reconoció que falta la mitad del trámite en la Cámara. Así mismo, destacó algunos de los puntos claves del proyecto, que también reforma la ley de orden público, con la cual el gobierno de Gustavo Petro le había dado piso jurídico a la “paz total”.
El Senado aprobó varios cambios a la propuesta, entre ellos un endurecimiento de las condiciones para acceder a los beneficios penales. En el caso del lavado de activos, el tiempo mínimo de pena que deberá cumplirse para obtener el beneficio pasó de uno a seis años.
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La reforma también excluye del tratamiento penal diferenciado a quienes hayan sido condenados o considerados responsables por reclutamiento de menores de 18 años. Además, se eliminó la disposición que contemplaba el uso de gastos reservados del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, votación que unió al Pacto Histórico con partidos oficialistas e independientes.
En materia territorial, los departamentos y municipios quedarán exentos de asumir las cargas derivadas del sometimiento de grupos armados. La coordinación de este proceso estará en manos del Ministerio de Justicia. También se establecieron centros de reclusión bajo la administración del INPEC, con restricciones efectivas a la libertad de los sometidos.
Finalmente, el Senado fijó un mínimo de diez años de pena para quienes ejerzan roles de mando dentro de las estructuras armadas. Los beneficios dependerán del nivel de responsabilidad: los integrantes de base podrán acceder a una reducción del 50 % de la pena, mientras que los cabecillas tendrán una rebaja del 30 %.
