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Los efectos jurídicos y políticos del escándalo del ‘Pacto de Valledupar’

Los panelistas de Hora 20 analizan el escándalo que involucra a varios exfuncionarios del Gobierno Petro.

Los efectos jurídicos y políticos del Pacto de Valledupar

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En Hora 20, los panelistas abordaron el escándalo del Pacto de Valledupar, las presuntas ofertas a exparamilitares para declarar contra líderes políticos, los exfuncionarios del Gobierno Petro que resultaron salpicados y las actuaciones de la Fiscalía y los entes de control.

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Lo que dijeron los panelistas

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, indicó que “hay una diferencia entre lo que pasó en Valledupar y el Pacto de Ralito. La de Valledupar no fue una reunión secreta ni cerrada. Pero, según las declaraciones de Angie Rodriguez, hubo una agenda pública y otra oculta”.

Además, sostuvo que hay una problemática profunda con los exparamilitares cuya situación jurídica no se ha definido del todo.

Fabio Humar, abogado penalista, columnista y exfiscal seccional, consideró que “un particular o un funcionario no está en la obligación de recaudar pruebas para presentar una denuncia. Angie Rodriguez en calidad de testigo tendrá que decir qué vio, cómo lo vio y quién más lo vio y la Fiscalia tendra que empezar a recaudar pruebas, lo cual se va a demorar eternidades, como todo en la justicia colombiana”.

También cuestionó el hecho de que delincuentes condenados como Salvatore Mancuso sigan siendo considerados como interlocutores válidos por la sociedad colombiana pese al daño que causaron.

Jairo Ignacio Acosta, exprocurador, abogado penalista y profesor universitario, anotó que “desde un principio, se cuestionó por qué se iban a reunir exparamilitares para impulsar un proceso de paz, cuando ellos ya estaban de salida y por qué van a asumir compromisos adicionales a los procesos en los que ya están. Los procesos de justicia transicional deben tener límites porque jamás van a ser absolutos”.

Y cuestionó la posición que tuvo el gobierno anterior. “El verdadero problema de fondo es el uso indiscriminado del poder, en este caso, por parte del Ejecutivo, bajo el pretexto de querer lograr la paz. Pero ¿a qué precio?”, se preguntó Acosta.

Ariel Ávila, senador del partido Alianza Verde, sostuvo que “es cuestionable que Víctor de Currea-Lugo haya trabajado en el gobierno de Petro, después del escándalo de acoso sexual que tiene. El mensaje que le envía a Salvatore Mancuso es cuestionable pero no configura un delito”.

“Desafortunadamente los paramilitares han dicho cosas y la justicia no lo ha investigado, hay procesos reiterativos contra los jefes paramilitares y existe la posibilidad de manipulación con las versiones de los jefes paramilitares”, agregó Ávila.

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