Tribunal ordena buscar alternativas al proyecto de desalinizadoras si no es viable en Santa Marta
El fallo también exige priorizar nuevas fuentes de abastecimiento, ejecutar obras de acueducto y alcantarillado y verificar cada dos meses el cumplimiento de las órdenes, mientras la ciudad espera la solución prometida por el Gobierno nacional.

El Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó a las autoridades avanzar en las soluciones estructurales para la crisis del agua en Santa Marta. Foto: ESSMAR

El Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó a las autoridades avanzar en las soluciones estructurales para la crisis del agua potable en Santa Marta y dispuso que, si el proyecto de las dos plantas desalinizadoras no resulta viable técnica o ambientalmente, deberán implementar otras alternativas para resolver la problemática.
La decisión, proferida el 30 de septiembre de 2026 con ponencia de la magistrada Maribel Mendoza Jiménez, responde a una acción popular promovida por la Procuraduría 13 Judicial II Ambiental y Agraria del Magdalena para proteger los derechos colectivos relacionados con el acceso a servicios públicos eficientes, la salubridad pública y el ambiente sano.
En el caso de las desalinizadoras, el fallo ordena al Distrito, ESSMAR, al Ministerio de Vivienda y al Departamento Nacional de Planeación continuar las actuaciones para estructurar, financiar y ejecutar el proyecto contemplado en el CONPES 4159 de 2025. La disposición establece que, si no es viable técnica o ambientalmente, las entidades deberán implementar otras soluciones.
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La corporación también ordenó adoptar las decisiones administrativas, presupuestales y contractuales necesarias para ejecutar las obras priorizadas del Plan Maestro de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Pluvial, con cronogramas, etapas y fuentes de financiación definidas.
Tribunal exige nuevas fuentes de abastecimiento y seguimiento judicial
Entre las medidas ordenadas está la priorización de recursos para la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Curval y el diseño y construcción de la PTAP Toribio. El fallo también exige adoptar un plan de contingencia para garantizar el suministro continuo de agua, dando prioridad al consumo humano y doméstico.
Además, contempla acciones para reducir las pérdidas en las redes, monitorear el acuífero y la intrusión de agua marina, ampliar las redes de alcantarillado y avanzar en obras de saneamiento. También incluye medidas de recuperación de las rondas hídricas de los ríos Manzanares, Gaira y Piedras, así como de la quebrada Bureche.
Para verificar el cumplimiento de estas disposiciones, el Tribunal estableció un Comité de Verificación que deberá presentar informes cada dos meses sobre los avances de las entidades responsables. El mecanismo busca hacer seguimiento a las medidas ordenadas para enfrentar las deficiencias estructurales de los servicios públicos en la ciudad.
El fallo se conoce después de que el pasado 25 de septiembre el presidente Abelardo de la Espriella descartara el proyecto de las desalinizadoras al considerar que no era técnicamente viable. Posteriormente, prometió presentar en diez días una solución concreta para la crisis del agua, plazo que venció el 15 de octubre sin que Santa Marta conociera la alternativa anunciada.




