Juzgado da 30 días al alcalde de Socha para demostrar cierre de minas ilegales de carbón
El Juzgado Primero Administrativo de Duitama requirió al alcalde Óscar Antonio Hurtado Carvajal para que presente las pruebas del cierre definitivo de las bocaminas ilegales en la vereda Curital. El accionante, Helver Francisco Cipagauta Tuta, advierte que la explotación afecta los acueductos rurales y los nacimientos de agua del páramo de Pisba.

Avanzan las reuniones para la delimitación del páramo de Pisba

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Duitama le dio 30 días al alcalde de Socha, Óscar Antonio Hurtado Carvajal, para presentar las evidencias del cierre definitivo de las bocaminas de explotación ilegal de carbón en la vereda Curital. La decisión, emitida el 16 de octubre de 2026, hace parte del seguimiento a una sentencia cuyo cumplimiento continúa en verificación. El accionante, Helver Francisco Cipagauta Tuta, aseguró que se trata de cerca de 200 minas que, según su denuncia, afectan los nacimientos de agua que abastecen a los acueductos rurales de la zona.


Cipagauta Tuta sostuvo que la sentencia lleva aproximadamente tres años y que el mandatario municipal había manifestado ante el juzgado que adelantaría los cierres, mientras esperaba pronunciamientos de la Corte Constitucional. Sin embargo, afirmó que las autoridades militares y de Policía han expresado su disposición para acompañar los operativos. El accionante considera que las gestiones adelantadas por la administración municipal no han sido suficientes para materializar el cierre de las explotaciones ilegales.
En la providencia, el juzgado reconoció las dificultades relacionadas con la seguridad y el impacto social que podrían generar los cierres definitivos. No obstante, advirtió que debe prevalecer el cumplimiento de la ley y de la sentencia judicial, debido a los daños ambientales asociados con la minería ilegal en una zona de ecosistemas estratégicos y de recarga hídrica. También señaló que la Fuerza Pública ha manifestado su disposición para apoyar los operativos y que no encuentra barreras insuperables que impidan al municipio cumplir la orden. Para Helver Francisco Cipagauta, es necesario que las autoridades actúen para proteger las fuentes de agua que abastecen a las comunidades rurales.


El accionante explicó que el alcalde ya habría sido sancionado con una multa por incumplimientos anteriores, aunque, según su versión, el mandatario justificó sus actuaciones en las reuniones y gestiones realizadas para solicitar apoyo institucional. Cipagauta Tuta pidió que, si persiste el incumplimiento, la Procuraduría y el juzgado adopten nuevas medidas que permitan ejecutar la sentencia, y planteó el uso de herramientas tecnológicas, como drones, para facilitar los operativos de control.
Finalmente, el juzgado ordenó que, una vez vencidos los 30 días o acreditado el cumplimiento, el expediente regrese al despacho para determinar las actuaciones correspondientes. Esto significa que el plazo busca que el alcalde presente pruebas efectivas del cierre definitivo de las bocaminas, no solamente informes de reuniones o compromisos institucionales.




