Procuraduría adelanta 125 investigaciones por incumplimientos a la sentencia T-302
25 funcionarios han sido vinculados formalmente a procesos disciplinarios
Procuraduría crea grupo especial para atender al pueblo Wayuu desde la Alta Guajira
La Procuraduría General de la Nación adelanta 125 actuaciones por presuntas responsabilidades en el incumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional para garantizar los derechos fundamentales de la población Wayuu, en el marco de la sentencia T-302 de 2017.
El anuncio fue hecho este martes por el procurador general, Gregorio Eljach, durante la instalación de la audiencia técnica de seguimiento convocada por la Corte Constitucional en Riohacha, La Guajira, para evaluar los avances y las obligaciones pendientes del Estado con esta comunidad indígena.
Según el jefe del Ministerio Público, de las 125 actuaciones abiertas desde 2017 hasta el pasado viernes 9 de octubre, 41 se encuentran en etapa de investigación y 25 funcionarios públicos ya están vinculados a procesos por presuntos incumplimientos de sus deberes oficiales. Además, cuatro casos fueron remitidos por competencia y uno está pendiente de apertura.
Eljach advirtió que las investigaciones continuarán avanzando y precisó que estas actuaciones buscan garantizar que los servidores públicos respondan por sus obligaciones frente a las órdenes judiciales.
“Esto no es para meter miedo, es para decir que aquí hay un Estado de Derecho, que aquí hay unas instituciones que velan porque todos los servidores públicos cumplamos nuestro compromiso”, sostuvo el procurador.
Como parte de las medidas anunciadas, Eljach ordenó la creación de un grupo especial de trabajo étnico y cultural con sede en Uribia, para atender directamente en territorio las necesidades de los cuatro municipios de la Alta Guajira. La iniciativa contempla la participación de representantes profesionales de distintos sectores del pueblo Wayuu, con el propósito de fortalecer las labores preventivas y disciplinarias de la Procuraduría.
El funcionario también planteó la necesidad de incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo recursos que podrían alcanzar los 300.000 millones de pesos anuales, provenientes de los impuestos asociados a la explotación de carbón, para contribuir a la financiación de los compromisos estatales con esta población.
La audiencia se desarrolla cuando están próximos a cumplirse 10 años de la sentencia T-302, emitida en 2017 para proteger los derechos fundamentales de la niñez Wayuu, especialmente en materia de agua potable, alimentación, salud y condiciones de vida dignas.
Durante la jornada, el magistrado Carlos Camargo advirtió que las órdenes de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento y no simples recomendaciones. También reclamó un plan unificado y un cronograma con fechas concretas para ejecutar las medidas pendientes.
La Corte insistió en que “el suministro de agua mediante carrotanques no puede continuar siendo la respuesta permanente del Estado” a las necesidades de la comunidad y advirtió sobre las posibles consecuencias penales derivadas del incumplimiento de las órdenes judiciales.
