En Colombia más de 4,8 millones de hogares presentan déficit habitacional: Esto dice la Defensoría

Colombia

En el marco del Día Mundial del Hábitat, la Defensoría del Pueblo realizó dos jornadas entre el 02 y 03 de octubre de 2026, en Ciudad Bolívar y Soacha, con líderes y lideresas de asentamientos de origen informal en las diferentes regiones del país, defensores de derechos humanos e instituciones, a modo de conversatorio reflexivo sobre los desafíos para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.

Las dos jornadas identificaron las alertas de prevención, la necesidad de planificar el territorio, garantizar la participación comunitaria y proteger los derechos frente a desalojos o reasentamientos.

Además el encuentro “Habitar los territorios: intercambio de experiencias sobre el derecho a la vivienda digna y a la ciudad”, permitió reconocer y dignificar una historia de crecimiento urbano, recepción de población desplazada, construcción popular y organización comunitaria, en el municipio de Soacha.

En el que se destacó que la construcción de un barrio también requiere la gestión de servicios, el fortalecimiento de las redes de cuidado y las garantías de permanencia necesarias en el territorio.

Mediante el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha, a partir del Acuerdo 20 de 2026, se reconoce la necesidad de que se responda a las realidades de las comunidades y se garanticen los derechos relacionados con vivienda, servicios públicos, uso del suelo, gestión del riesgo y permanencia territorial.

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Colombia: país con desigualdad habitacional

Para el 2025, Colombia contaba aproximadamente con 53,3 millones de habitantes y 18,9 millones de hogares, de estos se podría decir que uno de cada cuatro hogares se encontraba con déficit habitacional, lo que en porcentajes representa el 25,6% y más de 4,8 millones de hogares.

De este total, el 6,3% presentaba déficit cuantitativo, por lo que necesitaban una solución de vivienda por las condiciones estructurales o de espacio en la que se encontraban las familias. Mientras que el 19,3% presentaba déficit cualitativo, relacionado con los requerimientos indispensables para mejorar las características de habitabilidad. Entre ellos los servicios públicos, los pisos o en hacinamiento mitigable.

Con estas cifras es importante reconocer que las necesidades habitacionales del país no solo están relacionadas con la construcción de nuevas viviendas, sino que requieren mejoras en las condiciones existentes.

Incluso, los asentamientos de origen informal no deberían verse como una problemática urbanística, sino como territorios construidos mediante procesos de organización, autogestión y defensa de derechos.

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El trabajo de la Defensoría del Pueblo

Por otra parte, desde el 2025 la entidad se encuentra adelantando procesos de investigación y acercamiento territorial, relacionados con los Asentamientos Humanos de Origen Informal (AHOI) y los procesos derivados, como por ejemplo el derecho a la vivienda adecuada, el ordenamiento territorial y la construcción de políticas públicas de vivienda en ciudades intermedias.

Por medio de un sondeo a 18 oficinas regionales de la Defensoría, fueron identificadas las características y problemáticas de estos asentamientos de origen informal. Como hallazgo principal, se encontró a los asentamientos ubicados sobre predios de propiedad privada, lo que dificulta entre otras cosas los procesos de legalización urbanística, la formalización predial y la resolución de conflictos de tenencia.

El estudio realizado también permitió identificar que más de la mitad de los asentamientos reportados estaban localizados en zonas con condiciones de riesgo. Si bien, la mayor concentración de AHOI se encontraba en suelo urbano, también había presencia en áreas rurales y de expansión urbana, lo que representa explícitamente la relación entre la informalidad, la exposición a amenazas y la vulneración de derechos.

Es por esto que para la entidad estos hallazgos exponen la situación de informalidad habitacional del país y su correlación con el déficit acumulado en el ordenamiento social, la producción de suelo urbanizable, la planificación del crecimiento urbano y rural, además de la gestión del riesgo y la garantía efectiva del derecho a una vivienda digna y adecuada.

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La vivienda, la tierra y el desplazamiento

En el primer semestre del 2025 fueron registradas 156.132 víctimas únicas en el territorio nacional, en el que el 51,4% eran mujeres y el 35,5% estaba conformado por niñas, niños y adolescentes.

Según el Conpes 4180 de 2025, las víctimas de desplazamiento forzado requieren vivienda, seguridad, servicios públicos, medios de vida, integración comunitaria y condiciones dignas de permanencia, como soluciones duraderas establecidas en la Política Nacional de Soluciones Duraderas para Víctimas de Desplazamiento Forzado en Colombia.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo identificó las siguientes prioridades:

1. El acceso a suelo seguro: Garantía del derecho a la vivienda que prevengan los desalojos forzosos.
2. La seguridad de la tenencia: Prevención de nuevas situaciones de vulneración de derechos humanos durante los procesos de traslado por riesgo.
3. El reconocimiento de la relación entre tierra y la participación efectiva de las comunidades en las decisiones sobre sus territorios.
4. La valoración de la producción social del hábitat y los conocimientos comunitarios.
5. La incorporación de enfoques de género, étnico, territorial, diferencial e intersectorial.
6. La transformación de los lenguajes evitando estigmatizar las prácticas y tildarlas de “ilegales” o “informales”, reconociéndolas como titulares de derechos.

La conclusión acordada durante el evento

Los días de intervención realizados por la Defensoría del Pueblo y las investigaciones adelantadas, permitieron resaltar las condiciones necesarias para una vivienda y habitabilidad digna, además de la permanencia en el territorio. Sin embargo, es necesario avanzar en políticas integrales que integren estos derechos sobre la tierra, la participación efectiva de las comunidades y las decisiones sobre sus territorios.