Ya hay fecha para la audiencia pública sobre proceso limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia
La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado escuchará a ambas partes
Proyecto Ciudad Mallorquín en Puerto Colombia, Atlántico. Foto: Suministrada, Grupo Argos.
El proceso para definir el diferendo territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia tendrá un nuevo escenario de discusión el próximo 22 de octubre, fecha en la que el Congreso convocará una audiencia pública para escuchar a los distintos sectores involucrados en la controversia.
El anuncio fue realizado por el senador Carlos Meisel, quien preside una de las dos comisiones del Congreso encargadas del trámite de esta discusión. El congresista aseguró que el proceso ha tomado un nuevo impulso luego de permanecer estancado durante décadas.
Meisel señaló que en los últimos 40 días se han registrado avances que, según afirmó, superan lo ocurrido durante los últimos 30 años y sostuvo que se mantendrá este ritmo con el propósito de avanzar hacia una definición sobre la controversia territorial.
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La audiencia pública será uno de los próximos pasos dentro del trámite que busca establecer los límites entre ambos entes territoriales, particularmente en el sector del corredor universitario, donde se encuentran zonas residenciales y comerciales de Villa Campestre y otros sectores de expansión urbana.
Habitantes plantean una consulta ciudadana
Mientras avanza la discusión en el Congreso, habitantes del corredor universitario plantearon la posibilidad de realizar una consulta ciudadana como alternativa para definir el municipio al que debería pertenecer este territorio, en caso de que la Comisión de Ordenamiento Territorial no logre alcanzar un acuerdo.
La propuesta fue discutida durante un conversatorio con el senador Carlos Meisel, realizado en Villa Campestre, en el que participaron residentes de diferentes urbanizaciones del sector.
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Alberto Cianci, líder de Villa Campestre, explicó que uno de los principales interrogantes de los habitantes está relacionado con las consecuencias tributarias que tendría una eventual modificación de la jurisdicción municipal.
Entre las inquietudes expuestas están el impacto sobre el impuesto predial y el ICA, ante un eventual cambio del municipio al que actualmente pertenece el corredor universitario.
