Reacciones en Córdoba ante medida que buscaría el ingreso de la Fuerza Pública a universidades

Montería

El secretario de Gobierno de Montería, Juan José González, afirmó que respetan la decisión presidencial que establece el ingreso de la Fuerza Pública a universidades tras eventuales hechos violentos. Sin embargo, insistió en que la medida sería analizada para preservar la seguridad de estudiantes y comunidad en general ante un posible escenario en esta sección del país.

“Esa es una noticia que ha dado el señor presidente y se respeta. En este caso, esperaremos entrar a revisar con la Policía Metropolitana de Montería la propuesta que hace el señor presidente y tomaremos las medidas necesarias para preservar siempre la seguridad y la convivencia; no solo de los estudiantes de la Universidad de Córdoba sino también de toda Montería”, expresó el funcionario.

Por su parte, el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres, solicitó que las mismas universidades hagan parte de los protocolos de ingreso a las instituciones de educación superior, pues aseguró que estos no son espacios de violencia.

“Las universidades han venido viviendo unas situaciones de violencia que han sido históricas, que se han normalizado y nuestra posición siempre ha sido de rechazo. La universidad no es el escenario para la violencia, la universidad es el escenario para el cultivo de la inteligencia, el desarrollo de esa inteligencia, de la ciencia. Es el escenario donde se puedan debatir los grandes temas y problemas de la vida nacional, tratando de dar respuestas a esos temas y a esos problemas”, expresó el también presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE).

“Hemos dicho que la construcción de ese protocolo que planteó el señor presidente de la República, pues pueda contar también con las voces de nuestras comunidades académicas. Nosotros tenemos una experiencia de cómo enfrentar estos conflictos y lo hemos hecho históricamente, pero son situaciones que a veces sobrepasan nuestra propia capacidad e iniciativa y que afectan la movilidad ciudadana, afectan derechos de otras personas. Así que hay que preservar nuestras comunidades universitarias, pero también podemos construir protocolos que definan procedimientos sin que se profundice en la violencia”, agregó.

Finalmente, insistió en que “aquí se requiere inteligencia y contrainteligencia. Nosotros necesitamos que se den sanciones ejemplarizantes a quienes son los autores intelectuales y materiales de estos hechos de violencia, que en la gran mayoría de las universidades son grupos minoritarios que no responden ni representan al conjunto de nuestras comunidades universitarias”.