Contraloría abre fiscalización a Indeportes Tolima por presunto detrimento de $3.000 millones
El ente de control investigará las denuncias de posibles irregularidades en el trámite de OPS otorgadas, al parecer, sin el cumplimiento de requisitos legales y pagadas sin el cumplimiento de funciones.
Foto propia de Caracol Radio.
Tolima
La contralora departamental del Tolima, Yesica Lozano Noriega, anunció que la entidad iniciará una fiscalización especial en Indeportes Tolima luego de conocerse denuncias por presuntas irregularidades en la celebración de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) que superarían los $3.000 millones en la vigencia de 2026.
Lozano Noriega indicó que la actuación especial de fiscalización puede iniciarse de oficio tras conocerse las denuncias ciudadanas y en medios de comunicación.
“La denuncia puntual es el presunto detrimento por $3.000 millones en un manejo inadecuado de contratación dentro de esta entidad. Vamos a entrar a mirar de qué se trata, a evaluar los contratos y las presuntas irregularidades, y una vez tengamos esa valoración se emitirá el respectivo informe”, explicó la contralora.
La decisión de la Contraloría se conoce tras el escándalo que trascendió por presunta corrupción en la administración de la gerente de Indeportes Tolima, Francy Liliana Salazar, entidad donde se habría orquestado una aparente red de contratación ilegal o paralela, dirigida por la entonces subdirectora Deportiva, Biviana Rocío Romero, y Sayly Ibáñez Rojas, del equipo administrativo.
Según la información que trascendió, las subalternas de la gerente habrían tramitado más de 100 OPS para entrenadores y otros colaboradores, quienes, en algunos casos, ni siquiera cumplirían con sus funciones o labores. Incluso, se habrían elaborado falsos informes de supervisión para dar apariencia de legalidad a las vinculaciones laborales.
“Es importante precisar que la actuación especial de fiscalización es la más rápida que tenemos para realizar seguimiento. Eso me permite tener objetividad y dar un punto concreto sobre cuáles son las presuntas irregularidades y demorarme el menor tiempo posible, puesto que no necesita planeación, sino que voy directamente a la ejecución en sitio”, señaló.
La fiscalización prevé tomar una muestra de las OPS tramitadas en lo corrido de 2026 y evaluar si las personas contratadas cumplían con el perfil requerido, los requisitos de la contratación pública y el cumplimiento de las funciones.
