Tras sanción judicial, Sitionuevo destina $40 millones para llevar agua a Nueva Venecia

La Alcaldía de Sitionuevo destinó recursos para garantizar el suministro de agua potable a los habitantes de Nueva Venecia, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, luego de la sanción impuesta al alcalde Alfredo Navarro Manga por el incumplimiento de órdenes judiciales.

De acuerdo con un decreto expedido el 7 de septiembre, fueron autorizados $40 millones para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Sitionuevo, con el propósito de atender la medida que ordena garantizar 50 litros de agua potable diarios por habitante.

La decisión se conoce en medio del seguimiento que adelanta el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta a una tutela promovida por el defensor de derechos humanos Andrés Felipe Gil Lozano en favor de los niños, niñas y adolescentes de Nueva Venecia. El fallo también contempla órdenes relacionadas con salud, alimentación, vacunación y condiciones de vida digna.

Sin embargo, la destinación de los recursos no significa que las órdenes ya estén cumplidas. Tras la audiencia de seguimiento realizada el 8 de septiembre, Gil Lozano aseguró que se acreditó el incumplimiento de varias entidades, entre ellas la Alcaldía de Sitionuevo y la Gobernación del Magdalena.

“Se acreditó el incumplimiento de varias entidades, sobre todo de la Gobernación y la Alcaldía”, señaló Gil Lozano, quien agregó que Corpamag, los ministerios de Ambiente y Salud y el ICBF tampoco acreditaron el cumplimiento material de sus actuaciones.

Según explicó, el juzgado ordenó crear en cinco días hábiles un comité de seguimiento, mientras que en un plazo de 10 días hábiles las entidades deberán presentar informes sobre el cumplimiento material de las órdenes y adelantar las actuaciones necesarias para ejecutarlas.

La próxima audiencia quedó prevista para el 17 de noviembre, fecha en la que, según Gil Lozano, se espera que las entidades puedan demostrar avances materiales frente a las órdenes judiciales.

La sanción contra el alcalde, equivalente a dos salarios mínimos, fue remitida al Tribunal Administrativo del Magdalena para su revisión.