Defensa de esposa e hija de ‘Kiko Gómez’ niega plan para atentar contra Procuraduría y Corte Suprema

Justicia

El abogado Juan Felipe Criollo, apoderado de la esposa y la hija de Juan Francisco Gómez Cerchar, alias ‘Kiko Gómez’, rechazó los señalamientos que indican que el exgobernador de La Guajira, condenado a 31 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado, estaría relacionado con el ataque a la sede principal de la Procuraduría General de la Nación y con la alerta de seguridad para los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia que tuvieron relación con la sentencia en su contra.

En un comunicado de cinco puntos, el penalista señaló que ‘Kiko Gómez’ no tiene relación alguna con el incidente ocurrido en el piso 26 del edificio de la Procuraduría en Bogotá.

“Manifestamos la absoluta ajenidad del señor JUAN FRANCISCO GÓMEZ CERCHAR frente a lo acontecido. Negamos de manera categórica cualquier participación, autoría, determinación, vínculo o relación suya con tales hechos, al punto de que ni siquiera tuvo conocimiento de su ocurrencia”, se lee en el pronunciamiento de la familia del exmandatario.

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El abogado Criollo advirtió que se trata de una campaña de desprestigio y calificó de “irresponsable” la divulgación de acusaciones de esta gravedad por parte de algunos medios de comunicación.

“(...) La divulgación irresponsable de acusaciones de esta gravedad por parte de unos medios de comunicación no solo afecta el buen nombre y la honra del señor GÓMEZ CERCHAR, sino que compromete seriamente la seguridad e integridad de todo su núcleo familiar”, señala el comunicado.

En ese sentido, solicitaron a las autoridades que adelanten las investigaciones a que haya lugar para identificar a los verdaderos responsables de este tipo de acciones.

“Solicitamos respetuosamente a las autoridades competentes que dispongan y desplieguen, con la mayor prontitud, las medidas de seguridad y protección necesarias en favor de todas las personas que, con ocasión de estos hechos, puedan encontrarse en situación de riesgo”.

¿Qué ocurrió?

En la tarde de este miércoles, el magistrado José Joaquín Urbano Martínez, integrante de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, puso en conocimiento de la presidencia de esa corporación una alerta de seguridad relacionada con los funcionarios que participaron en el proceso contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar.

La advertencia fue hecha mediante una carta enviada este 2 de septiembre al presidente de la Sala Penal, Carlos Roberto Solórzano, en la que Urbano solicitó que los hechos fueran informados a la Dirección de Protección de la Policía Nacional y que se reforzaran las medidas de seguridad para los magistrados y sus familias.

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Incidente en la Procuraduría estaría relacionado con la alerta de seguridad

Uno de los hechos que generó mayor preocupación está relacionado con Pedro Luis Bonilla Bolaños, procurador primero delegado para Casación Penal, quien intervino ante la Corte Suprema en el proceso contra ‘Kiko’ Gómez.

De acuerdo con lo relatado por Bonilla al magistrado Urbano, la semana pasada fue encontrada en su despacho, ubicado en el piso 26 de la sede de la Procuraduría General de la Nación, una bala disparada.

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Sin embargo, la situación habría escalado esta semana. Al regresar a su oficina, el funcionario encontró dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil.

Estos hechos se conocieron después de que la Sala de Casación Penal condenara por unanimidad a Gómez Cerchar a 31 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado.

La decisión fue adoptada el pasado 29 de abril, cuando la Corte, con ponencia del magistrado José Joaquín Urbano, resolvió el recurso de casación y revocó la absolución que había sido dictada por el Tribunal Superior de Bogotá.

El alto tribunal declaró responsable al exgobernador por homicidio agravado. La sentencia permanece vigente.

La preocupación también aumentó por una información que comenzó a circular la semana pasada en plataformas virtuales, en la que se hacía referencia a un “poderoso asesino guajiro”, quien estaría privado de la libertad y tendría varias condenas.

Según esa versión, esta persona habría pedido a sus familiares abandonar sus cargos públicos y trasladarse a Italia, además de que supuestamente habría ordenado el asesinato de tres personas.

No obstante, en su comunicación el magistrado Urbano no afirmó que dicha información hubiera sido elaborada o difundida por Gómez Cerchar. El contenido fue incluido como uno de los elementos que motivaron la alerta.

El pasado 26 de agosto, la procuradora judicial II Gloria Guzmán Duque acudió al despacho de Urbano para manifestarle su “profunda preocupación” por su seguridad personal y la de los funcionarios judiciales que participaron en el proceso.

Guzmán había presentado una de las demandas de casación contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que inicialmente había absuelto a ‘Kiko’ Gómez por uno de los homicidios.

Ante estos hechos, el magistrado decidió informar formalmente la situación a la presidencia de la Sala Penal y advertir sobre los posibles riesgos derivados de la decisión judicial.

“Considero que existe la posibilidad de que los Magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar”, señaló el magistrado.

Urbano solicitó que la Dirección de Protección de la Policía Nacional conozca de manera urgente lo ocurrido y aumente las medidas de seguridad para los integrantes de la Sala Penal y sus familias.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, pidió al área de seguridad del alto tribunal y a la Dirección de Protección de la Policía Nacional adoptar, de manera inmediata, las medidas necesarias para proteger a los magistrados, luego de la alerta por los riesgos derivados de la condena contra el exgobernador ‘Kiko Gómez’, advertidos por el magistrado José Joaquín Urbano.