Corte ordena a Augusto Rodríguez pedir disculpas a la familia de Miguel Uribe

La Corte Constitucional ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) ofrecer disculpas públicas a la familia del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, al considerar que el entonces director de la entidad, Augusto Rodríguez Ballesteros, excedió los límites de la libertad de expresión al hablar públicamente sobre su esquema de seguridad y aspectos de la vida privada de su familia.

La decisión fue adoptada por la Sala Cuarta de Revisión, tras estudiar una tutela presentada por María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay. La Corte concluyó que varias de las declaraciones realizadas por Rodríguez podían transmitir la idea de que las actuaciones del exsenador tuvieron alguna incidencia en las circunstancias del atentado que terminó con su vida.

Para el alto tribunal, el entonces director de la UNP divulgó información que no estaba autorizado a hacer pública y se refirió a asuntos relacionados con la intimidad familiar.

La Corte señaló que Rodríguez “desatendió los límites que se imponen al ejercicio de la libertad de expresión de funcionarios públicos” y también desconoció las restricciones relacionadas con la información que estaba bajo reserva.

El tribunal consideró que se trató de una “exposición injustificada e irrazonable” de información reservada y de decisiones internas relacionadas con el ámbito familiar de Uribe Turbay.

Cuestionamientos al esquema de seguridad

Uno de los puntos centrales de la tutela fueron las declaraciones sobre el esquema de protección que tenía el entonces senador. La Corte consideró que algunas de esas afirmaciones eran inexactas y desconocían que Uribe Turbay era integrante de la oposición política.

Según la decisión, también se dejaron de lado las dificultades que enfrentaba el esquema de seguridad y las alertas que había emitido la Defensoría del Pueblo sobre las condiciones de protección de los integrantes de la oposición.

La Corte concluyó que estas declaraciones afectaron los derechos a la honra, el buen nombre y la memoria de Miguel Uribe Turbay.

Sin embargo, el tribunal hizo una precisión: Rodríguez no fue considerado responsable de la narrativa relacionada con un supuesto “autoatentado”.

Derecho a la oposición

La Corte también hizo un llamado sobre la manera en que los funcionarios públicos se refieren a quienes hacen oposición política.

El tribunal sostuvo que una democracia “no solo” debe garantizar formalmente el derecho a la oposición, sino también evitar discursos oficiales que presenten al contradictor político como una amenaza.

Por eso, advirtió que los funcionarios deben “abstenerse de utilizar retóricas oficiales que descalifiquen de alguna forma a los opositores” y evitar “narrativas estigmatizantes”.

Para la Corte, el Estado tiene una responsabilidad especial en garantizar que quienes ejercen la oposición puedan hacerlo en condiciones de seguridad y sin que desde las instituciones se deslegitime su actividad política.

La respuesta a María Claudia Tarazona

Otro de los reproches estuvo relacionado con la solicitud de rectificación presentada por María Claudia Tarazona.

La Corte concluyó que la respuesta entregada por la UNP fue insuficiente y se limitó a una contestación formal, sin resolver de fondo lo solicitado.

“Ni tan siquiera la autoridad negó en forma expresa y clara la rectificación solicitada”, señaló la Sala.

Por esta razón, la Corte determinó que también fueron vulnerados los derechos de petición, información y verdad de la esposa de Uribe Turbay y de su familia.

Disculpas públicas y nuevos protocolos

Como consecuencia de la decisión, la UNP deberá ofrecer disculpas públicas a la familia de Miguel Uribe Turbay mediante una rueda de prensa de alcance nacional, con convocatoria a medios de comunicación públicos y privados.

Además, la entidad tendrá un plazo de un mes para actualizar sus protocolos internos y establecer con claridad qué información relacionada con los esquemas de protección debe mantenerse reservada, especialmente cuando se trate de aspectos vinculados con la vida familiar de las personas protegidas.

La UNP también deberá responder nuevamente y de manera integral la solicitud de rectificación presentada por Tarazona, con una respuesta “clara, motivada y de fondo”.

Finalmente, la Corte exhortó a la UNP, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación a establecer un mecanismo de seguimiento para las medidas de protección de integrantes de la oposición política que enfrenten situaciones de alto riesgo.