Procuraduría pone la lupa sobre polémica por lotes cedidos a Puerto Colombia
El Ministerio Público inició una actuación preventiva para revisar las decisiones administrativas.
Muelle 1888. Foto: Alcaldía de Puerto Colombia.
La situación jurídica de varios lotes en Puerto Colombia llegó a la lupa de la Procuraduría General de la Nación, el organismo de control inició una actuación preventiva para revisar las decisiones administrativas relacionadas con predios que, pese a haber sido cedidos al municipio, actualmente aparecen vinculados a particulares.
El caso no es reciente, las controversias se remontan a 2017, durante la administración del entonces alcalde Steimer Mantilla Rolong, periodo en el que, según la información entregada por la Procuraduría, se habrían expedido las resoluciones 044 y 049 relacionadas con estos terrenos.
Documentos bajo revisión
Más que establecer de entrada responsabilidades, la actuación busca reconstruir el camino administrativo y jurídico que permitió la expedición de dichos actos. Por eso, la Procuraduría Provincial de Barranquilla solicitó al actual alcalde, Plinio Cedeño, información sobre los trámites adelantados y los documentos que sustentaron las decisiones adoptadas en ese momento.
El Ministerio Público también quiere conocer qué estudios técnicos y jurídicos, conceptos, informes y actas fueron utilizados como soporte para las resoluciones. Además la solicitud de identificar a los funcionarios y contratistas que participaron en la elaboración y proyección de los actos administrativos.
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Cuestionamientos jurídicos
Uno de los puntos que genera especial atención son los cuestionamientos alrededor de la procedencia y autenticidad de documentos, además de las actuaciones registrales asociadas a los predios. Estos elementos deberán ser contrastados por las autoridades competentes para determinar si los procedimientos se ajustaron a las normas y si existió alguna afectación al patrimonio público.
Una actuación preventiva
Por ahora, la Procuraduría habla de una actuación preventiva, por lo que el proceso no implica, por sí mismo, que se hayan establecido responsabilidades disciplinarias o delitos.
El caso vuelve a poner en discusión el manejo de los bienes que pertenecen o han sido cedidos al patrimonio municipal y la necesidad de garantizar que cualquier decisión sobre estos terrenos tenga respaldo jurídico, técnico y documental.
La información que entregue la administración de Puerto Colombia será clave para establecer qué ocurrió con estos predios y cuál es actualmente su situación legal.
