JEP pide a Corte Penal Internacional intervenir ante propuesta que busca recortar su presupuesto

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, denunció ante los fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional, Nazhat Shakeem Khan y Mame Mandiaye Niang, las dos propuestas legislativas que buscan reducir el presupuesto del tribunal transicional y a su vez, imponer una revisión automática de sus sentencias contra los miembros de la Fuerza Pública.

En criterio del presidente Ramelli, estos dos hechos son de una “especial gravedad” y comprometerían de forma inmediata la capacidad de la jurisdicción para cumplir con sus obligaciones, a la vez que pondría en riesgo las garantías de los comparecientes y las víctimas.

Por lo anterior, pidió la intervención de la CPI con miras a que revise si tales propuestas, avaladas por los partidos de gobierno y la del recorte por el presidente Abelardo De la Espriella, representarían un incumplimiento de las obligaciones de Colombia en el marco del acuerdo de cooperación entre el Estado y la Corte Penal Internacional.

Este acuerdo de entendimiento permitió que se cerrara en 2021 la investigación preliminar que había sido abierta contra Colombia por graves crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del conflicto armado.

La denuncia sobre el recorte presupuestal

Comenzando por señalar que la JEP enfrenta una desfinanciación acumulada de 84.663 millones de pesos, el presidente Ramelli aseveró que de concretarse la reducción de 100.000 millones de pesos al presupuesto de la jurisdicción, se afectaría el sistema de protección a víctimas, testigos, operadores judiciales y adquisición de bienes y servicios.

Para el magistrado Ramelli, tal situación generaría graves riesgos de seguridad para los firmantes de Paz y las víctimas que actualmente son protegidos.

Adicionalmente, el presidente del Tribunal de Paz, indicó que tal recorte de presupuesto afectaría hasta el pago de arriendos de las sedes en las que opera, servicios públicos y mantenimiento básico, generando condiciones que podrían conducir a la “inoperancia”.

“El traslado de COP $100.000 millones apoyado públicamente por el Gobierno, desconoce de manera directa el compromiso de asignar el presupuesto necesario para la implementación de la JEP”, afirmó el magistrado Ramelli.

La otra propuesta denunciada: que la Justicia Penal Militar “revise” las sentencias de la JEP

El presidente de la Jurisdicción, también detalló ante la CPI la segunda propuesta que hace tránsito en el Congreso y que tiene las alertas encendidas en ese tribunal emanado del Acuerdo de Paz: que la Justicia Penal Militar pueda revisar las sentencias que emita la JEP contra miembros de la Fuerza Pública.

Para el magistrado, de prosperar dicha iniciativa se alteraría la estructura y competencias de ese tribunal transicional. Lo anterior, porque se permitiría que un tribunal externo pueda “meter mano” en lo que falle la JEP, que cuenta con autonomía, frente al juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública responsables de graves crímenes de lesa humanidad.

Así, para la JEP, se podría llegar a incumplir nuevamente el acuerdo de cooperación con la CPI.

“Las dos iniciativas guardan además correspondencia directa con los presupuestos previstos en el artículo 6 del Acuerdo de Cooperación. Esa disposición faculta a la Fiscalía de la Corte para reconsiderar su evaluación de Complementariedad”, se lee.

Adicionalmente, el presidente Ramelli invitó a la CPI a que pueda intermediar para reforzar las líneas de comunicación entre el Gobierno y la JEP “para contribuir a preservar la independencia, autonomía y capacidad efectiva de funcionamiento de esa Jurisdicción”.