Defensoría alerta por presencia de grupos armados en cinco municipios del Atlántico
A través de la alerta temprana 019 de 2026, la Defensoría del Pueblo alerta aumento de crímenes en el Atlántico
Defensoría del Pueblo |Foto: Suministrada
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por el riesgo que enfrentan los habitantes de cinco municipios de centro del Atlántico, debido a la presencia y disputa territorial de diferentes estructuras armadas ilegales.
A través de la Alerta Temprana 019 de 2026, la entidad advirtió que las comunidades de Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo están expuestas a hechos de violencia asociados a la confrontación de estructuras criminales como ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’, ‘Los Rastrojos Costeños’ y bandas delincuenciales tercerizadas.
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De acuerdo con la Defensoría, esta zona tiene una importancia estratégica para las organizaciones criminales debido a su conexión entre el Área Metropolitana de Barranquilla, el canal del Dique y los departamentos de Bolívar y Magdalena. Esta ubicación facilitaría el movimiento logístico de los grupos y el desarrollo de rentas ilícitas relacionadas con la extorsión, el microtráfico y el hurto de ganado.
Aumentan los homicidios
Uno de los principales motivos de preocupación de la Defensoría es el incremento de los homicidios en algunos de estos municipios.
En Sabanalarga, la tasa de homicidios pasó de 9,23 casos por cada 100.000 habitantes en 2023 a 31,55 en 2025, lo que representa un aumento de casi cuatro veces.
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La situación también es crítica en Baranoa, donde la tasa pasó de 2,16 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023 a 24,88 en 2025, un incremento de más de 11 veces. La Defensoría señaló además hechos violentos registrados en sectores rurales como la trocha La Tomatera, en la vía Baranoa-Polonuevo, y la carretera hacia el corregimiento de Sibarco.
La violencia también estaría afectando de manera diferenciada a las mujeres. Según el organismo, los homicidios contra mujeres en la subregión Centro del Atlántico se quintuplicaron entre 2023 y 2024, al pasar de uno a seis casos.
La ruptura de una tregua entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, registrada a comienzos de este año, habría reactivado las confrontaciones y retaliaciones armadas tanto en sectores urbanos como rurales.
Denuncian control sobre las comunidades
La Defensoría también alertó sobre lo que denomina una “gobernanza armada ilegal”, que se estaría manifestando mediante restricciones a la movilidad, establecimiento de las llamadas fronteras invisibles y circulación de panfletos amenazantes.
En las zonas rurales, además, se han reportado patrullajes de hombres armados y exigencias de dinero y suministros bajo amenazas de muerte.
Entre los grupos más vulnerables están niños, adolescentes y jóvenes, quienes, según la alerta, estarían siendo objeto de reclutamiento, uso y utilización ilícita desde los 12 años para labores como vigilancia y mensajería criminal, además de explotación sexual.
La Defensoría advierte que estas estructuras recurrirían incluso a la entrega de regalos y mercados como estrategia para atraer a menores y jóvenes, especialmente en contextos de falta de oportunidades educativas y laborales.
La alerta también identifica riesgos para mujeres, población con orientaciones sexuales, líderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y comunidades étnicas.
En Luruaco y Repelón, donde la población afrodescendiente supera el 70 %, la Defensoría advierte que la violencia representa una amenaza para la autonomía y la pervivencia cultural de estas comunidades.
31 recomendaciones a las autoridades
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo formuló 31 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y territoriales, entre ellas los ministerios del Interior y Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para las Víctimas.
El organismo pidió activar con urgencia la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el objetivo de implementar medidas de protección, disuasión de las amenazas y acceso a la justicia con enfoques diferenciales de género, étnico y territorial.
La Defensoría recordó que sus alertas tempranas tienen un carácter preventivo y no predictivo, y buscan que las instituciones actúen oportunamente para proteger la vida, la libertad y la integridad de las comunidades en riesgo.
