Siguen los traslado de reclusos de Barranquilla a cárceles del país

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó este viernes el traslado de otros cuatro internos que permanecían recluidos en la Cárcel Distrital El Bosque y que, según las autoridades, estarían vinculados con estructuras delincuenciales dedicadas a delitos como homicidio, hurto y extorsión.

La medida fue ejecutada de manera articulada entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Policía, la Fiscalía y la Rama Judicial, con el propósito de impedir que los privados de la libertad continúen coordinando actividades criminales desde los establecimientos penitenciarios.

A través de sus redes sociales, Char aseguró que en Barranquilla “la autoridad y la justicia se respetan” y sostuvo que las autoridades mantendrán las acciones contra las organizaciones criminales que operan en la ciudad.

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Este nuevo traslado se suma a la operación adelantada durante esta semana por orden del Gobierno nacional, mediante la cual fueron trasladados 20 integrantes de estructuras como Los Costeños y Los Pepes, señalados de continuar impartiendo órdenes delictivas desde las cárceles.

Entre los internos trasladados previamente aparecen Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias ‘El Gamo’, señalado como integrante de Los Pepes y relacionado con investigaciones por extorsión agravada y concierto para delinquir, así como Erick Fabián Molina Mendoza.

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También figuraron Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias ‘El Lobo’ o ‘Comandante Gabino’; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias ‘Caballo’; y Adrián Hernán Guerrero Peña, alias ‘El Miquito’, relacionados por las autoridades con Los Costeños y con casos de extorsión en sectores como Villate, Lipaya, Sourdis, Buena Esperanza y Bajo Valle.

En junio, el entonces comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Camelo Sánchez, había advertido que de 30 actores criminales identificados como responsables de extorsiones en Barranquilla y el Atlántico, 25 permanecían privados de la libertad y presuntamente continuaban impartiendo órdenes desde las cárceles.

Con los nuevos traslados, las autoridades buscan cortar los canales de comunicación y mando de estas estructuras y reducir la capacidad de los cabecillas para seguir ejerciendo control criminal desde los establecimientos penitenciarios.