Proyecto de MinEducación permitiría contratos con iglesias y privados para operar colegios públicos

El Ministerio de Educación puso en consulta pública un proyecto de decreto que modifica artículos del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, en lo relacionado con la prestación y administración del servicio educativo por parte de las entidades territoriales certificadas.

La propuesta plantea cambios en las modalidades de contratación y busca diferenciar entre los casos en los que un tercero presta directamente el servicio educativo y aquellos en los que un tercero apoya la administración de un establecimiento oficial, mientras la entidad territorial conserva la prestación del servicio.

Privados podrían administrar colegios oficiales hasta por 12 años

Uno de los puntos que más llama la atención es que una entidad territorial podría contratar personas jurídicas públicas o privadas, con reconocida trayectoria e idoneidad, para organizar, coordinar, administrar y dirigir uno o varios establecimientos educativos públicos.

El operador asumiría la administración, custodia y mantenimiento de la infraestructura y la operación del establecimiento, bajo las condiciones del contrato. Estos acuerdos tendrían una duración mínima de dos años y máxima de 12 años, y el operador debería acreditar al menos 10 años de experiencia en la administración o prestación del servicio educativo.

Además, el contrato debe incluir la totalidad de las sedes que conforman el establecimiento educativo.

Lo que quiere decir que un colegio puede seguir siendo público, pero su administración y operación cotidiana podrían quedar durante varios años en manos de un operador externo o en este caso, de un privado.

Docentes bajo régimen laboral privado

Otro de los puntos sensibles está en el personal.

El proyecto establece que los docentes, directivos docentes y administrativos contratados por el operador no tendrían vinculación con la entidad territorial y estarían sometidos exclusivamente al régimen laboral privado. Además, el contratista no podría utilizar para ejecutar el contrato a personal que haga parte de la planta oficial. Esto significa que en un colegio oficial o público administrado bajo esta modalidad podría existir personal contratado bajo reglas laborales diferentes a las de los funcionarios de planta.

Iglesias también aparecen en el proyecto

El otro punto que genera especial atención es la participación de iglesias y confesiones religiosas.

El proyecto contempla contratos para promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos educativos públicos.

La entidad territorial aportaría la infraestructura y el personal docente, directivo y administrativo con el que cuente, mientras la organización religiosa aportaría los componentes que la entidad no pueda suministrar.

Además, la iglesia o confesión religiosa aportaría apoyo pedagógico y administrativo para desarrollar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) o el Proyecto Educativo Comunitario (PEC). Estos componentes formarían parte de la canasta educativa contratada.

Cabe aclarar de igual forma, que el proyecto no plantea que las iglesias administren los colegios mediante esta figura. La administración general está contemplada en otra modalidad para personas jurídicas públicas o privadas.

La contratación debe ser excepcional

El Ministerio plantea que la contratación de la prestación del servicio educativo sea excepcional y que las entidades territoriales demuestren que no tienen capacidad suficiente para atender a los estudiantes con sus establecimientos oficiales.

La insuficiencia puede estar relacionada con falta de docentes o directivos o con problemas de infraestructura. Antes de contratar, las entidades deberán presentar un estudio técnico que analice la oferta de cupos, la demanda, la infraestructura, la planta docente y las alternativas para ampliar la capacidad oficial. El Ministerio podrá revisar estos estudios y, si considera que no existían las condiciones para contratar, podrá trasladar el caso a los organismos de control.

El proyecto también establece una reducción progresiva de la contratación y obliga a las entidades territoriales a presentar planes para superar las causas que llevaron a recurrir a terceros.

FECODE habla de privatización

La propuesta ya genera rechazo de FECODE, que interpreta estos cambios como una vía hacia una mayor privatización de la educación pública y cuestiona la participación de operadores privados, el régimen laboral privado y la presencia de iglesias en establecimientos oficiales.

Sin embargo, el proyecto no dice literalmente que vaya a privatizar la educación pública. El debate cobra además una dimensión política por el perfil de la ministra Viviane Morales, cuya trayectoria pública ha estado marcada por debates sobre religión, libertad religiosa, familia y educación.

Por ahora, se trata de un proyecto de decreto y no de una norma definitiva. Está en consulta pública y puede recibir modificaciones antes de una eventual expedición.

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