Directora de la ANT advierte sobre presuntas irregularidades en entrega de tierras en Córdoba

Montería

La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina Garrido, estuvo el pasado 20 agosto en el departamento de Córdoba, en el marco de la Feria Nacional Cebú que se adelanta en esta sección del país. La funcionaria dijo que aprovechó la visita para hacer un recorrido por varios predios que se habrían entregado durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Según la funcionaria, durante el recorrido se habrían detectado “presuntas irregularidades”.

“Vamos a limpiar la casa. Con la visita nos dimos cuenta cómo engañaron a muchos campesinos, pero ese va a ser el deber de nosotros, recomponer y cumplir lo que ha sido el sueño del señor presidente: Colombia, un país de propietarios”, expresó.

“Hay campesinos a los que les entregaron tierras que ni siquiera eran propiedad de la Agencia Nacional de Tierras y eso es lo que necesitamos arreglar. La Reforma Agraria se da si el campesino es verdaderamente propietario de su tierra para que dignifique su vida y la de su familia, sino pasa lo que hoy sucede (…) Nosotros vamos a dar claridad al país de cómo recibimos una Agencia Nacional de Tierras, se hicieron desastres absolutos, mucha plata, mucha corrupción”, agregó.

Según los datos del gobierno saliente, en el departamento de Córdoba se habrían entregado más de 40.000 hectáreas a campesinos, asociaciones de mujeres y víctimas del conflicto armado.

“No existe posibilidad alguna de que las organizaciones campesinas sean desalojadas”: exdirector de la ANT

Tras el pronunciamiento de la funcionaria Lina Garrido, Caracol Radio consultó con el exdirector de la ANT, Juan Felipe Harman, quien aseguró que “más de 550 fincas que son el convenio de la SAE no se transfieren de la noche a la mañana y parece que ni la señora Garrido ni el ministro de agricultura lo están entendiendo, pero además no lo están entendiendo convenientemente y eso es por una sencilla razón: porque finalmente esos más de 550 bienes están indebidamente ocupados, para efectos de todas las diligencias de desalojo policivas, por mafiosos, por gente que jamás pagó arriendo o pagaba unas cifras irrisorias de arriendo”.

“Por tener las tierras, arrancar a programar semejante cantidad de desalojos para iniciar el proceso detallado de compra ha sido uno de los retos sustanciales en los que la Agencia Nacional de Tierras lleva más de dos años, sumados sustancialmente a demoras y trámites administrativos como la ley de garantías, generan que el convenio esté vivo y que sea obligación de la señora Garrido y de la SAE asegurar la culminación de la transferencia jurídica frente a los actos de registro que están pendientes por otorgar”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “hoy no existe posibilidad alguna de que esas organizaciones campesinas sean desalojadas por una sencilla razón: porque si existiese alguna decisión judicial en la que se tuviera que devolver alguno de los bienes inmuebles objeto del convenio, tendría que devolverse la plata equivalente al bien y no el bien en sí mismo. Es por ende que el recurso pago (un billón de pesos) en un paquete inmobiliario que fue el convenio es la prenda de garantía por la cual los campesinos hoy tienen absoluta certeza y seguridad jurídica”.