Sanción por desacato a gerente de Metrolínea y alcalde de Floridablanca por portal Papi Quiero Piña
Cada uno tendría que pagar tres salarios mínimos por incumplir medidas de vigilancia y seguridad en la estación. La sanción también incluye a la Policía Nacional.
Foto: suministrada veedor Marcos Velásquez
El Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga sancionó por desacato, en una decisión que aún debe surtir el trámite de consulta, a Emiro José Castro Meza, gerente de Metrolínea; José Fernando Sánchez Carvajal, alcalde de Floridablanca; y Andrés Ernesto Puentes Parra, subcomandante de la Estación de Policía de Floridablanca, por incumplir órdenes judiciales relacionadas con el Portal de Floridablanca, conocido como Papi Quiero Piña.
Cada uno deberá pagar una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, destinada al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. La sanción se deriva de las medidas cautelares ordenadas en diciembre de 2025 y enero de 2026, dentro de la acción popular promovida por Marco Antonio Velásquez.
El juzgado había ordenado a Metrolínea garantizar el cierre del inmueble, realizar labores de mantenimiento y mantener vigilancia permanente las 24 horas. Al alcalde de Floridablanca y a la Policía les correspondía garantizar vigilancia y presencia permanente en los alrededores.
Lea también: Bucaramanga, segunda ciudad del país en recolección de ayudas por el terremoto: más de 100 toneladas
Sin embargo, una inspección realizada el 5 de agosto de 2026 encontró el predio abierto, con gran parte del cerramiento destruido o ausente, sin vigilancia privada ni mecanismos efectivos de control de acceso. También se evidenció presencia de habitantes de calle, consumo de sustancias psicoactivas y sustracción de elementos metálicos y de madera.
La jueza consideró que las actuaciones adelantadas fueron insuficientes. En el caso de Metrolínea, la empresa argumentó restricciones financieras para mantener la vigilancia privada, pero el despacho señaló que esa circunstancia no justificaba el incumplimiento de una orden judicial vigente.
Respecto al alcalde de Floridablanca y la Policía, el juzgado concluyó que tampoco se acreditaron acciones suficientes y sostenidas para garantizar la vigilancia externa. El informe técnico señaló que el estado del predio representa un riesgo para la seguridad pública, la integridad física, la salud y la convivencia ciudadana.
Podría interesarle: Más de 3 mil kits de ayuda saldrán desde Santander hacia zonas afectadas por el terremoto: Cruz Roja
Durante una entrevista con Caracol Radio, Marco Antonio Velásquez, promotor de la acción popular, aseguró que el objetivo es recuperar el portal y planteó que pueda utilizarse como terminal para Floridablanca.
“La pretensión principal es que recuperemos el portal de Papi Quiero Piña, pero démosle una parte de esto al municipio de Floridablanca para tener un terminal de transportes que tanto lo necesita”.
Según explicó, actualmente los usuarios deben tomar buses en las vías cercanas, una situación que considera riesgosa. “La comunidad vive en peligro constante cuando va a coger los buses a Papi Quiero Piña, porque están en la vía y ya han habido accidentes ahí”, afirmó.
El actor popular también señaló que el deterioro habría facilitado el saqueo de la infraestructura. “Ahora hasta con pulidora se cortaron los hierros y se llevaron todo lo que encontraron”, manifestó.
Metrolínea cuestiona la decisión
El gerente de Metrolínea, Emiro Castro, confirmó que la empresa fue notificada, pero recalcó que la decisión no está en firme. “Somos respetuosos de las decisiones judiciales pero hay que aclarar en primera instancia que este fallo no está en firme y que aún falta la revisión en el tribunal superior de Santander”.
Castro agregó que Metrolínea ha adelantado acciones para mitigar los riesgos señalados en el proceso y manifestó su expectativa de que el Tribunal revise la decisión y la revoque.
El auto establece que la decisión todavía puede ser revisada. Una vez quede en firme, el caso pasará al Tribunal Administrativo de Santander, que deberá revisar la sanción. Mientras tanto, los funcionarios sancionados siguen obligados a cumplir las órdenes de la juez para garantizar la vigilancia, el cerramiento y el mantenimiento del portal.
