A julio de 2026 los grupos armados ilegales en Colombia suman 28.802 integrantes

Bogotá

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz basado en información oficial del Ministerio de Defensa revela que a julio de 2026 los grupos armados ilegales en Colombia cuentan con 28.802 integrantes, frente a 15.120 en diciembre de 2022, primer año de Gobierno de Gustavo Petro, lo que representa un incremento del 90%.

Según el informe que analiza la política de Paz Total mientras los grupos armados se hacían más fuertes y continuaban atacando a la población civil, las delegaciones del Gobierno en las mesas de diálogos tomaron posturas muy pasivas, lo que inclinó la balanza de poder hacía unos grupos que percibieron al gobierno indiferente a la violencia o incapaz de reprimirlos.

Así crecieron los grupos armados de diciembre de 2022 a julio de 2026

Las fracturas internas en los grupos armados dieron pie a nuevas zonas de disputa. En los últimos cuatro años las disputas entre actores armados ilegales se han duplicado: De 7 en 2022 a 14 en la actualidad, y en 2025 la Fundación Ideas para la Paz registró 116 enfrentamientos entre grupos armados, la cifra anual más alta desde el año 2016.

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Los logros de la Paz Total analizados por la Fundación Ideas para la Paz

El Gobierno destaca cuatro logros en desescalamiento que son analizados desde diferentes ópticas: La disminución de homicidios en Putumayo y Nariño que ocurre a la par de una gobernanza más evidente de los grupos armados; la disminución de homicidios en el Valle de Aburrá, que la Fundación Ideas para la Paz atribuye a una tendencia consolidada desde hace años y no necesariamente a los compromisos de la mesa; la tregua entre Shottas y Espartanos en Buenaventura, lograda por la sociedad civil y que caducó en febrero de 2025, detonando una crisis de inseguridad vigente; y la destrucción de material bélico de Comuneros del Sur y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, gestos verificables de paz pero que no disminuyeron notablemente la capacidad de daño de los grupos.

Territorialización de la Paz Total

En este punto se rescata algunos escenarios en que las transformaciones territoriales fueron el eje de los acuerdos con 55 compromisos en ocho mesas.

La Fundación Ideas para la Paz en su análisis reconoce como un logro significativo el desarme de 99 hombres y mujeres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, quienes ingresaron a la Zona de Ubicación Temporal para hacer un tránsito efectivo a la vida civil.

Lo que nos deja la Paz Total: Cómo no negociar con grupos armados

Para la Fundación Ideas para la Paz más allá de la poca articulación entre paz y seguridad, la Paz Total padeció la falta de elementos básicos para organizar procesos de semejante envergadura. El informe identifica trece desaciertos centrales, entre los que se destacan:

Una paz maximalista, fundada en el discurso de las “causas objetivas de la violencia”, que llevó a que los grupos armados se sintieran cómodos ganando en la narrativa sin poner nada a cambio.

Una visión y secuencia de la negociación desorientadas: La mayoría de las mesas no definió un horizonte claro sobre desarme y desmovilización. Sin objetivos, agendas y pasos a seguir claros, las mesas funcionaron al vaivén de los grupos armados.

Los dilemas de la caracterización: Una buena negociación parte de una buena caracterización. No obstante, el gobierno hizo caso omiso a la información de inteligencia y judicial disponible, aceptando la “auto caracterización” de los grupos y reconociendo a varios de ellos estatus político sin sopesar las consecuencias.

La ausencia de líneas rojas frente a la expansión, el reclutamiento de menores y las presiones contra la población civil.

Una ausencia de marco jurídico que dejó todo al azar: no hubo ley de sometimiento, y disposiciones constitucionales y legales dejaron sin garantías jurídicas claras a quienes se acogieran a los procesos. Sin esto, cualquier acuerdo de tránsito a la legalidad se queda en el papel.

El error de los acuerdos parciales: Crearon un incentivo perverso para que los grupos permanecieran indefinidamente en las mesas sin avanzar hacia el desarme.

La transformación territorial no puede ocurrir bajo la coerción armada: Estos acuerdos deben estar diseñados para mejorar la percepción del Estado y repeler la gobernanza criminal, no al revés.

La Paz Urbana, aunque novedosa y útil, no es una solución universal: La cantidad de organizaciones criminales que operan en entornos urbanos es altamente variada y no puede encasillarse en un solo tipo. La oferta de sometimiento es viable en algunos contextos urbanos, pero con límites respecto a un diálogo político y criterios de aplicación.

Una institucionalidad fragmentada: La negociación no la hace solamente la Oficina del Consejero Comisionado de Paz sino el Estado. Y la falta de articulación entre la Consejería de Paz, la Fiscalía y el sector Defensa tuvo un enorme costo.

La necesidad de que la vía negociada y la estrategia de seguridad avancen de manera articulada, sin subordinar una a la otra. Un abordaje integral no prefiere la paz sobre la ofensiva militar, ni al revés, sino que diseña estas políticas con objetivos comunes y canales de comunicación efectivos.

La erosión de la confianza de la opinión pública en la salida negociada: El respaldo a insistir en los diálogos cayó de 76% en agosto de 2022 a 50% en febrero de 2025, mientras el orden público volvió a ser percibido como uno de los principales problemas del país.

Una paz que insistió ser única y audaz: La Paz Total apostó por una ruptura moral con el pasado. En lugar de seguir una lógica incremental que aprovechara la experiencia acumulada de procesos anteriores, desechó lecciones previas e ignoró el diálogo con quienes advertían riesgos desde el inicio del gobierno.

Una paz que deja preguntas para el futuro: Muchos debates siguen abiertos, por ejemplo, sobre qué lugar deben ocupar las transformaciones territoriales o el desmantelamiento de economías ilegales.