¿Dónde están los $10.000 millones del empréstito de Tunja para construir el frigorífico?
Hace tres años, Caracol Radio reveló las dudas que generó un nuevo trámite para acceder a $10.000 millones del empréstito destinados al frigorífico regional. Hoy, esos recursos, su incorporación a una sociedad de economía mixta y el pago de más de $752 millones en intereses hacen parte de un proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría Municipal de Tunja.

¿Dónde están los $10.000 millones del empréstito de Tunja para construir el frigorífico?

Lo que en 2023 comenzó como una controversia sobre un nuevo trámite administrativo para acceder a $10.000 millones del empréstito de Tunja, hoy se convirtió en una investigación fiscal.
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En ese momento, Caracol Radio reveló que la administración del entonces alcalde Alejandro Fúneme solicitó al Concejo Municipal nuevas facultades para gestionar una operación de crédito relacionada con esos recursos, pese a que ya hacían parte del empréstito por $93.848 millones aprobado mediante el Acuerdo 032 de 2020. La explicación oficial fue que el dinero había sido desembolsado inicialmente, pero luego devuelto a la entidad financiera bajo la figura de prepago sin sanción debido a las dificultades para ejecutar el proyecto del frigorífico regional, especialmente por la falta de disponibilidad del predio donde sería construida la planta.
Sin embargo, los documentos conocidos por Caracol Radio muestran que esos $10.000 millones no estaban destinados únicamente a financiar una obra pública.
La escritura de constitución de la sociedad de economía mixta Centro Industrial Cárnico del Oriente S.A.S. – CICORI S.A.S., suscrita el 28 de septiembre de 2022, establece que el Municipio de Tunja aportaría esos recursos provenientes del empréstito como capital para integrar la sociedad, equivalente al 21,4 % de las acciones. El restante 78,6 % correspondería a PBAR Tunja S.A.S., el socio estratégico seleccionado por la administración municipal para desarrollar el diseño, construcción, dotación, puesta en marcha, operación y administración del frigorífico regional, proyecto cuyo costo fue estimado en más de $46.656 millones.
La misma escritura revela que la sociedad quedó constituida bajo las normas del derecho privado y con una estructura accionaria que otorgó la participación mayoritaria al socio estratégico. Incluso, los estatutos establecieron que el nombramiento del gerente requeriría el voto favorable de accionistas que representaran por lo menos el 76 % de las acciones, porcentaje que, en la práctica, dejaba esa decisión en manos del accionista privado.
Entre los integrantes iniciales de la dirección de la sociedad figuraron el entonces alcalde Alejandro Fúneme, el secretario de Fomento Económico Wilson Leonardo Velásquez Ayala y representantes del socio estratégico, mientras que Luis Eduardo Duque fue designado como representante legal de CICORI S.A.S.
Cuatro años después de la constitución de la sociedad, el frigorífico continúa sin construirse y la Contraloría Municipal de Tunja abrió el Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario No. 008 de 2026 para establecer si existió un presunto detrimento patrimonial por $752.193.389, correspondiente a los intereses pagados por el municipio entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Según el auto de apertura, el organismo de control investiga las actuaciones administrativas relacionadas con la gestión de esos recursos, el seguimiento efectuado al proyecto y la eventual incidencia fiscal derivada del manejo del aporte público comprometido para la sociedad. El proceso vincula a varios servidores públicos y particulares presuntamente relacionados con los hechos, entre ellos funcionarios que actualmente continúan desempeñando cargos en la administración municipal.
El expediente también incorpora certificaciones y oficios que evidencian las gestiones adelantadas por el Municipio para obtener información de CICORI S.A.S. sobre el estado del proyecto, los estudios técnicos, los cronogramas de ejecución y la situación financiera de la sociedad. Asimismo, la Tesorería Municipal certificó que durante las vigencias 2024 y 2025 no se registraron pagos por concepto de intereses a favor del municipio por parte de la sociedad, mientras la Contraloría analiza si las actuaciones adelantadas por los responsables permitieron proteger adecuadamente los recursos públicos comprometidos en el proyecto del frigorífico.
Así, la pregunta que Caracol Radio planteó hace tres años adquiere hoy una nueva dimensión: ¿Qué ocurrió con los $10.000 millones del empréstito destinados al frigorífico regional? La respuesta comienza a reconstruirse en los documentos oficiales. Los recursos se comprometieron como aporte accionario del Municipio dentro de una sociedad de economía mixta creada para desarrollar el proyecto, mientras la obra sigue sin ejecutarse y la Contraloría busca establecer si el manejo de esos dineros y el pago de intereses ocasionaron un daño al patrimonio público.
La investigación, hasta el momento, se encuentra en etapa de instrucción, por lo que corresponde al organismo de control determinar si existen o no responsabilidades fiscales frente a los hechos investigados.




