MinDefensa denuncia posible “hostigamiento institucional” por parte del congresista Jaime Uscátegui

El Ministerio de Defensa acudió ante la Procuraduría General de la Nación para solicitar una actuación preventiva frente a seis requerimientos presentados por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que según la cartera suman 1.360 preguntas dirigidas al Ministerio, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y 18 entidades descentralizadas del Sector Defensa.

En el oficio radicado ante el Ministerio Público, Defensa asegura que no busca desconocer las facultades de oposición ni el control político del Congreso. “Esta solicitud no pretende de forma alguna cuestionar el ejercicio legítimo del control político que corresponde al Congreso de la República”, señala el documento.

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Sin embargo, la cartera pide que se revise si la manera en que fueron presentados los requerimientos podría configurar un uso desproporcionado de esas herramientas. El Ministerio señala que las solicitudes fueron enviadas entre el 3 y el 14 de julio y que contienen exigencias de información correspondientes al periodo 2022-2026.

Uno de los argumentos centrales del Ministerio es la dimensión de la información solicitada. Según el documento, “en una estimación conservadora de las 1.360 preguntas, el requerimiento supera las 6.000 unidades de información” que deben ser localizadas, verificadas, consolidadas y revisadas por diferentes dependencias.

Defensa advierte además que varias solicitudes incluyen requisitos adicionales como soportes documentales, fuentes, códigos, versiones, fechas, responsables, folios y copias, mientras algunas de las respuestas involucran información sometida a reserva, clasificación o protección por razones de seguridad y defensa nacional.

El documento también cuestiona la concentración temporal de las peticiones. Según la cartera, cuatro de los requerimientos fueron enviados el mismo día, el 14 de julio, entre las 3:34 y las 3:39 de la tarde, acumulando 1.100 preguntas. Frente a esto, el Ministerio advierte que dicha situación “puede derivar (...) en una práctica administrativa objetivamente desproporcionada, susceptible de generar hostigamiento institucional, desgaste deliberado de la administración o presión indebida sobre servidores públicos”.

La entidad también señala que existe un riesgo para los funcionarios encargados de responder, pues podrían quedar en una situación en la que deben elegir entre entregar información rápidamente con posibilidad de errores o tomarse el tiempo necesario para validar los datos y exponerse a cuestionamientos disciplinarios.

En otro apartado, el Ministerio sostiene que la revisión solicitada a la Procuraduría no está relacionada con el contenido de las preguntas, sino con “la proporcionalidad objetiva del medio empleado” y con las actuaciones posteriores conocidas públicamente por parte del congresista.

Finalmente, Defensa pidió que el Ministerio Público evalúe si la sucesión, reiteración e intensidad de los requerimientos evidencian “riesgos de utilización desproporcionada de las facultades de control político”.

La solicitud busca que la Procuraduría acompañe el proceso de respuesta y deje constancia de las actuaciones adelantadas por la entidad para atender los requerimientos.