Somos personas pacíficas y no delincuentes: habitante de Villa Resistencia pide no ser desalojado

Ibagué

Habitantes del asentamiento humano Villa Resistencia hicieron un plantón pacifico al frente de la Alcaldía de Ibagué con el fin que la alcaldesa, Johana Aranda, los escuche por la preocupación que existe ante un inminente desalojo en el mes de octubre del presente año.

“Queremos que nos escuchen, somos una comunidad bastante grande, somos más de 400 familias que en este momento nos encontramos luchando desde hace seis años en el asentamiento Villa Resistencia, somos personas pacíficas y no delincuentes”, dijo Ana Barragán una de las representantes de este sector.

Según la comunidad, la Alcaldía de Ibagué les notificó que el desalojo será el próximo 5 de octubre, situación que ha generado alarma dentro de los residentes porque no saben qué va a suceder con ellos luego de este operativo.

“Simplemente nos dicen que hay un desalojo y que no habrá garantías para una vivienda digna, nos va a sacar a la calle con nuestros hijos, somos personas trabajadoras que merecemos una vivienda digna”, dijo Ana Barragán.

Finalmente aseguró que esperan que la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, les atienda para que juntos puedan encontrar una salida para las más de 400 familias que residen en este predio.

Consejo de Estado ordena el desalojo de Villa Resistencia

En el mes de febrero de este año se conoció un fallo de segunda instancia el Consejo de Estado en el que se mantuvo en firme la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima en la que se ordenó el desalojo de las más de 400 familias que residen en Villa Resistencia, un asentamiento suburbano creado hace seis años en la comuna 8 de Ibagué, amparando los derechos e intereses colectivos de la comunidad que reside en la zona aledaña a este sector.

En la sentencia se le ordenó al Municipio de Ibagué que en un término no mayor a dos meses siguientes se actualice el censo pormenorizado y caracterizado de la población asentada en la invasión ´Villa Resistencia´, de conformidad con los parámetros establecidos en la sentencia SU-016 de 2021 proferida por la Corte Constitucional.

Por otra parte, se indica que “Una vez efectuado lo anterior, en un término no mayor a seis (6) meses siguientes, en coordinación con la Policía Nacional, inicie y ejecute las acciones correspondientes para el desalojo, encerramiento y recuperación ambiental del predio que se encuentra actualmente invadido, brindando a la población allí asentada la información completa y detallada de la oferta institucional vigente por el Gobierno Nacional para que logren postularse a subsidios de vivienda”.