Desarticulan red de extorsión que operaba desde la cárcel de Cómbita y capturan a 16 personas
La organización criminal obtenía cerca de $700 millones mensuales mediante llamadas extorsivas y también intimidaba a más de 250 internos dentro del centro penitenciario.
En la cárcel de Cómbita fue desmantelada una red que extorsionaba internos y a personas en varios departamentos.
Tunja
Una investigación liderada por el GAULA de la Policía Nacional en Boyacá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió desarticular al grupo delincuencial organizado “Los Fantasmas”, una estructura dedicada a la extorsión que operaba desde varios centros penitenciarios del país y cuyo principal centro de operaciones estaba en la cárcel de Cómbita.
El resultado se dio en el marco de la Operación “Zafiro”, que dejó 16 personas capturadas por orden judicial, entre ellas cuatro funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), además de la imputación de cargos a siete personas privadas de la libertad vinculadas con la organización.
Las pesquisas comenzaron luego de que el GAULA Boyacá recibiera más de 18 denuncias de ciudadanos afectados por la modalidad de falso servicio, mediante la cual las víctimas eran engañadas y posteriormente sometidas a presiones psicológicas para obligarlas a realizar consignaciones de dinero.
“Nuestro Gaula de la Policía adelantó una operación a nivel nacional, en donde se impactaron 7 departamentos a través de 18 denuncias que se recibieron durante meses, en el que un grupo de delincuentes había afectado a más de 28 personas, y gracias a estas denuncias, se inició un trabajo investigativo por parte del GAULA de la Policía en Boyacá en el que se hicieron 11 allanamientos y se logró la captura de 16 personas por el delito de extorsión carcelaria”, aseguró el coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.
Los casos fueron reportados en los departamentos de Boyacá, Bogotá, Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Tolima y Meta.
A partir del análisis de llamadas, movimientos financieros y otras labores investigativas, las autoridades establecieron que buena parte de las extorsiones eran coordinadas desde el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cómbita.
“También a través de esas 16 personas capturamos 4 integrantes del INPEC y se imputaron a 7 personas que están privadas de la libertad”, agregó Lemus.
La investigación permitió identificar al presunto cabecilla de la organización, conocido con el alias de “Pluma”, quien permanecía recluido en el pabellón 13 de la cárcel de Cómbita.
Según las autoridades, además de coordinar las llamadas extorsivas a nivel nacional, el interno habría impuesto un sistema de cobros ilegales dentro del penal.
Más de 250 privados de la libertad serían víctimas de extorsiones relacionadas con la asignación de celdas, autorizaciones para visitas, rifas obligatorias y supuestos aportes para elementos de aseo que nunca eran entregados.
Las personas que se negaban a pagar, presuntamente eran objeto de agresiones físicas y represalias dentro del establecimiento carcelario.
Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación fue la presunta participación de cuatro funcionarios del INPEC, quienes, de acuerdo con el material probatorio recopilado, habrían facilitado el ingreso de teléfonos celulares, licor, estupefacientes y otros elementos utilizados para la comisión de los delitos.
Las autoridades también investigan si estos servidores públicos omitieron controles internos que permitieron el funcionamiento de la organización criminal dentro del establecimiento penitenciario.
Las capturas se realizaron de manera simultánea en Antioquia, Atlántico, Caquetá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca.
Durante la operación también fueron ejecutadas dos diligencias de registro y allanamiento, en las que se incautaron 14 teléfonos celulares y 1.897.000 pesos en efectivo, elementos que harán parte del proceso judicial.
De acuerdo con la investigación, la estructura criminal obtenía ingresos ilícitos cercanos a los 700 millones de pesos mensuales, producto de las extorsiones cometidas contra comerciantes y ciudadanos en diferentes regiones del país.
Con este resultado, las autoridades consideran afectada de manera significativa la capacidad operativa y financiera de la organización.
La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para no acceder a exigencias económicas derivadas de llamadas extorsivas y denunciar de inmediato cualquier caso a través de la línea gratuita 165 del GAULA, recordando que la denuncia oportuna es fundamental para combatir este delito.
