Dos policías fueron judicializados por presuntos vínculos con el Clan del Golfo en Risaralda

Pereira

Se trata del intendente jefe en retiro, Francisco Leandro Gutiérrez y del patrullero Juan Carlos Martínez Sánchez, quienes fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación tras una investigación que, según las autoridades, evidenciaría posibles actuaciones irregulares en beneficio de esa organización criminal.

Durante las audiencias preliminares, el ente acusador les imputó los delitos de cohecho, prevaricato por omisión, hurto y concusión. Los dos procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, los uniformados habrían suministrado información reservada y realizado otras actuaciones que, presuntamente, favorecieron el accionar del Clan del Golfo. Sin embargo, será el proceso judicial el que determine su responsabilidad.

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Sobre este caso, el subcomandante del Departamento de Policía Risaralda, teniente coronel John Frank Buitrago, confirmó que la investigación fue liderada por la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la Policía Nacional y reiteró que la institución mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier acto de corrupción o conducta que comprometa los principios institucionales.

“La institución reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la lucha frontal contra la corrupción. La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Policía Nacional permitió materializar las capturas y la imputación de cargos por presuntos hechos ocurridos en el año 2025 relacionados por el favorecimiento de una estructura delincuencial y la filtración de información reservada. Los procesados no aceptaron los cargos”, expresó el teniente coronel Buitrago.

Las investigaciones también buscan establecer si las actuaciones atribuidas a los procesados habrían contribuido al fortalecimiento del Clan del Golfo en el Eje Cafetero. Entre las hipótesis que analizan las autoridades figura la presunta omisión de información relacionada con la planeación de homicidios, la posible destrucción de elementos materiales probatorios y eventuales acciones para obstaculizar procesos judiciales contra integrantes de esa estructura criminal.

Adicionalmente, dentro del expediente también se investigan denuncias sobre una supuesta exigencia de dinero para omitir procedimientos policiales y una eventual participación en la fuga de un integrante del Clan del Golfo.

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Las autoridades aclararon que estos hechos hacen parte de la investigación en curso y que corresponderá a los jueces establecer, con base en las pruebas recaudadas, la responsabilidad o no de los procesados dentro del proceso penal.