Defensores de DD.HH. piden protección urgente por presunta incursión armada en Remedios, Antioquia

Antioquia

Defensores de derechos humanos encendieron las alarmas por la presunta entrada de un grupo armado ilegal a la vereda Lejanía, en la zona rural del municipio de Remedios, nordeste de Antioquia. La situación ha generado miedo y zozobra entre las comunidades campesinas y minero-agrarias del territorio, que temen por su seguridad y la de sus familias.

Según la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana Nordeste) y la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES), los habitantes reportan un ambiente de tensión ante posibles riesgos para la población civil. Los defensores de derechos humanos hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Antioquia, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Personería Municipal y a organizaciones nacionales e internacionales para que verifiquen lo que está ocurriendo, activen mecanismos de protección y garanticen la vida y los derechos de las comunidades.

“Se solicita mantener el monitoreo permanente de la situación y brindar acompañamiento humanitario a las comunidades afectadas”, señalaron desde Cahucopana.

Esta nueva alerta se suma a una ola de violencia que vive el nordeste antioqueño por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Frente 4 de las disidencias de las Farc. Y es que hay que hacer mención que, en los últimos, como consecuencia de estos obligó a al menos 83 familias a desplazarse de sus hogares.

Los enfrentamientos más intensos se registraron en la vereda Río Bagre, en la zona rural entre Remedios y Segovia, donde los grupos armados ilegales se disputan el control territorial y de economías ilícitas. Según reportes oficiales, entre las víctimas mortales de los últimos días hay cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo. Los combates, que incluso incluyeron el uso de drones con explosivos, obligaron a muchas familias a abandonar sus viviendas en busca de seguridad.

Las comunidades de la región, que ya viven bajo constante presión, esperan que las autoridades lleguen pronto al territorio y tomen medidas concretas para evitar más desplazamientos y proteger a la población civil.

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