Continúa el cierre del embarcadero turístico de Buenaventura

El embarcadero turístico de pasajeros de Buenaventura completa cuatro días de cierre como medida de presión para exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante el Paro Cívico de 2017 entre el Gobierno Nacional, las comunidades, los pueblos étnicos y los diferentes sectores sociales del distrito, según informó la Junta Administradora del Embarcadero a través de un comunicado el 23 de junio, día en que comenzó el bloqueo.

Las organizaciones sociales, motoristas, armadores y empresas comunitarias de transporte marítimo, articuladas al Movimiento Social Paro Cívico de Buenaventura para Vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio, reiteraron su llamado a la Alcaldía de Buenaventura, a la Gobernación del Valle del Cauca y al Gobierno Nacional para que se materialicen los compromisos adquiridos en la mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura.

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Según el comunicado, uno de los principales reclamos corresponde a la entrega pública y oficial del embarcadero y a la ejecución de su remodelación, considerada una obra fundamental para garantizar el derecho a la movilidad marítima y fluvial de los habitantes de Buenaventura, del litoral Pacífico y de quienes visitan la región.

Las organizaciones sostienen que la inversión pública de 25 mil millones de pesos, destinada a ampliar la capacidad del muelle turístico y garantizar su adecuado mantenimiento, ha sufrido reiterados retrasos. Además, señalan que, durante un reciente debate de control político realizado en el Congreso de la República, se conocieron presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y un supuesto favorecimiento de intereses privados.

Entre los objetivos de la jornada de cierre son los siguientes:

a) Continuar la cuarta sesión de la Junta Administradora del Embarcadero Turístico.

b) Terminar de ajustar y firmar la resolución 0158 de mayo de 2026 que reconoce la existencia de la Junta Administradora del Embarcadero, desde el año 2022 o en su defecto derogarla y expedir una nueva.

c) Garantizar el regular funcionamiento de la Junta Administradora del Embarcadero, la cual está conformada por 05 funcionarios del gobierno y 07 delegados comunitarios, para garantizar el buen funcionamiento y manejo en favor de las comunidades y usuarios.

d) Prevenir la privatización de los bienes públicos de los Bonaverenses.

e) Garantizar la recuperación y ampliación de la totalidad del Embarcadero.

f) Garantizar los ajustes a los diseños y al proceso constructivo del proyecto de mejoramiento y ampliación del Embarcadero que está ejecutando la gobernación del Valle en conjunto con la Alcaldía de Buenaventura.

g) Garantizar el cumplimiento integral del comodato suscrito entre INVÍAS y la alcaldía de Buenaventura, en especial lo que se refiere al diálogo y concertación con los procesos organizativos articulados al Movimiento Social Paro Cívico y la participación de los garantes del cumplimiento de los acuerdos.

Ante esta situación, solicitaron la presencia del Ministerio del Interior, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Transporte, INVÍAS, la Alcaldía Distrital de Buenaventura, la Gobernación del Valle del Cauca, los garantes del cumplimiento de los acuerdos del Paro Cívico, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

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Entre tanto la alcaldía de Buenaventura dice que no hay un documento que legalice la Junta Administradora del Muelle Turístico cuando el distrito obtuvo la concesión del muelle turístico la pasada administración

El asesor jurídico de la alcaldía, Edison Bióscar dijo que, fueron a la Procuraduría y en el marco de los acuerdos del Paro Cívico se encontraron que no está protocolizada “cuando ya fuimos a revisar el acto administrativo, empezamos a indagar en qué parte o en qué lugar o dónde estaba el acto administrativo que crea la junta administradora para ahora sí protocolizarla y resulta que le hemos preguntado el comité del paro, a los lancheros, a los motoristas, al Invias, a la ANIP, a la DIMAR y no hay por ningún lado el acto administrativo de creación de esa junta administradora para ahora sí poderla protocolizar”, afirmó el funcionario.

Bióscar, asegura que tampoco se encuentra el acta donde acordaron su creación.

Entre tanto las obras del levantamiento del embarcadero siguen pendientes hasta que se haga el levantamiento de la parte flotante que necesita el permiso de INVIAS.