Lo que hay detrás del intento de suspensión y los ecos de la Constituyente

En Hora20 el análisis a un intento de suspensión al presidente de la república desde la Comisión de Acusaciones, el efecto político de esta movida, el alcance jurídico y las normas de procedimiento establecidas a la hora de buscar la suspensión de un presidente en ejercicio. Después, el debate sobre los ecos de una Asamblea Constituyente, el alcance de un articulado que por ahora quedó suspendido y lo que implica en el tiempo una propuesta de acuerdo nacional.

Lo que dicen los panelistas

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, manifestó que lo ocurrido con la suspensión debe tener responsabilidades políticas, “esto no soporta un análisis jurídico, es un hecho político del Pacto, una representante crea un hecho político. Esto se da en medio de escándalos que son responsabilidad del gobierno, entonces la discusión estalla en un contexto electoral político cuando todo el mundo se solidarizaba con Abelardo por decisión de un tribunal sobre identidad de su campaña, cuando ven que no les funciona porque en vez de rechazo genera solidaridad con eso, incluso son sectores que no militan con ese proyecto político, sale con esto para generar nuevamente una corriente de opinión en la que Petro controla la narrativa”.

En cuanto a la Constituyente, dijo que los cambios tienen que darse y se deben superar las tensiones, pero advirtió que ya se conocen los riesgos ante el texto que hizo público el comité de la Constituyente, “el articulado de Constituyente busca cambiar el rol del Banco de la República, de un banco central a un banco de fomento. También, concibe los derechos de propiedad privada como un obstáculo, justificando la intervención del Estado en la economía”.

Para Andrés Caro, director ejecutivo de la Fundación para el Estado de Derecho y candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Yale, la Constitución es clara sobre quién puede suspender al presidente, “esa decisión famosa de la CIDH que tiene nombre Petro Urrego Vs. Colombia sobre la suspensión a funcionarios elegidos por voto popular, que dice que solo los jueces tienen esa potestad, en caso el presidente por el fuero reforzado su juez es el Senado y quien acusa es la Cámara, es entonces un auto jurídico ilegal y muy raro, ese es el análisis jurídico”. En cuanto a lo político, dijo que caben preguntas relacionadas con el gobierno, “¿ellos sabían? ¿quién filtra el primer borrador? La representante es una persona del Pacto, exesposa de Roy, que reforzó campaña de Cepeda en últimos días, sí parece, aunque no me atrevo a decir que fue planeado en Palacio, pero sí viene del interior del Pacto”.

Planteó que la Constituyente sigue viva, “el Gobierno decidió impulsar una constituyente a través de un comité. Este comité de iniciativa popular fue retirado y la Registraduría lo aceptó, pero también dijo que cualquier otro comité puede retomar sus labores en el futuro”.

Mauricio Pava Lugo, abogado penalista y promotor del Comité de Estabilidad Institucional, apuntó que es importante que la institucionalidad actúe ante una movida contra constitucional, “la Procuraduría debería actuar y tiene herramientas para solicitar correcciones, está la Comisión que debe operar y tomar una decisión para poner las cosas en su lugar, que es como nos entendemos en lo jurídico. Es grave el daño a la confianza de la ciudadanía, la ley es una ficción, solo existe si se aplica, si desde Estado transgredimos, ¿qué pasa con la ciudadanía?, ¿qué pasa con el que hace fila? La confianza es legítima, pero lo que ocurre es preocupante porque ante la política electoral veo que no somos un Estado serio, no nos ven con seriedad, no nos comportamos con seriedad, por ejemplo, la intervención de Petro en Naciones Unidas donde hablan de temas domésticos, no vemos como un país poco serio”.

Para Humberto Sierra Porto, exmagistrado de la Corte Constitucional y exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es triste ver cómo se argumenta en términos judiciales y se evidencia la judicialización de la política, “es una decisión ajena al derecho y antes del instante político discutíamos una tutela sobre el uso de una camiseta y símbolos patrios, pero ahora el presidente es víctima porque se le trata de sacar del cargo, se le aplica un procedimiento inadecuado y el presidente habla de delito, se acabó, hubo cambio en discurso y la victimización inicial de Abelardo ahora se cambia por la de Petro que está dentro de candidatura de Cepeda”. Por otro lado, dijo que los jueces tienen capacidad de incidir en equilibrio electoral, “la idea de una autonomía del ciudadano está siendo determinante en decisiones judiciales, esto no me gusta porque hablamos en democracia y son debates argumentativos”.

Frente a la Constituyente dijo que las permanentes deben ser asumidas, “un país que desdiga de la necesidad de reformas esenciales, la organización del congreso, organización territorial, eso no funciona porque Colombia es un pueblo dado a las reformas y cambios: nueve constituciones, 80 reformas a la anterior Constitución, 60 a la actual, constantes reformas, es decir, que van a cerrar la posibilidades de cambio, eso no es serio y va en contra de cultura jurídica colombiana”.

Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y abogada penalista, explicó que resulta importante dividir lo penal de lo disciplinario, “si es disciplinario la facultad de suspensión no lo tiene ni el instructor que es la representante Arizabaleta, ni la Comisión porque el proceso disciplinario no tiene función jurisdiccional, sino administrativo y toca mirar el contexto”, en cuanto a lo penal, dijo que el derecho a suspensión automática se da cuando hay acusación, sin embargo, apuntó que este caso parece ser disciplinario y en fase previa, este caso no daría lugar a suspensión, “acá el fuero presidencial tiene efectos particulares, está la norma constitucional de Petro Urrego Vs. Colombia y la necesidad entender que quien es elegido popularmente y en esos supuestos la acción disciplinaria no debería determinar en estos temas”.

Frente a la constituyente dijo que este no es el camino en este momento para la visualización de un cambio, “sea cual sea, los programas en esa propuesta apuntan más a una autocracia que a una democracia y eso es lo preocupante, no es la retractación al cambio, no es discusión al cambio, sino a lo que se quiere cambiar porque se atacan bases fundamentales de lo que es Colombia como Estado de derecho”.