Procuraduría rechaza uso de minas antipersonal en Catatumbo y Bajo Cauca
La entidad manifestó su profunda preocupación por el incremento de estos hechos violentos.
Minas antipersonales. / Foto: Ejército Nacional.
Catatumbo
La Procuraduría General de la Nación expresó su más enérgico rechazo frente a los recientes accidentes por minas antipersonal registrados en la región del Catatumbo, incluyendo un grave hecho ocurrido en el municipio de Tibú, así como en el Bajo Cauca antioqueño.
El Ministerio Público condenó el uso indiscriminado de estos artefactos explosivos por parte de grupos armados ilegales y reiteró que las minas antipersonal son armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario debido a sus efectos indiscriminados sobre la población civil.
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De acuerdo con el organismo de control, las cifras del primer trimestre de 2026 evidencian que el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo concentran el mayor número de víctimas por minas antipersonal en el país. La Procuraduría advirtió que esta práctica criminal busca imponer control territorial mediante el terror, generar confinamientos y poner en riesgo tanto a la población civil como a la Fuerza Pública.
Asimismo, alertó que la presencia de artefactos explosivos representa un grave obstáculo para la implementación del Acuerdo de Paz en estas regiones afectadas por el conflicto armado.
Llamado urgente al Gobierno Nacional
La Procuraduría hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que retome y garantice el control territorial efectivo en las zonas afectadas.
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Además, solicitó al Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, en articulación con alcaldías y gobernaciones, implementar de manera inmediata actividades de educación sobre el riesgo de artefactos explosivos.
Entre las medidas solicitadas también se encuentra el fortalecimiento de la ruta de asistencia integral a víctimas, garantizando procesos de evacuación, atención prehospitalaria, hospitalaria y rehabilitación para las personas afectadas.
Finalmente, la Procuraduría reiteró que continuará realizando labores permanentes de monitoreo frente a la situación humanitaria del país y mantendrá vigilancia preventiva sobre las autoridades encargadas de ejecutar la política de Acción Integral Contra Minas Antipersonal.
El organismo aseguró que el objetivo es garantizar una respuesta estatal oportuna, proteger a la población civil y fortalecer las garantías de no repetición en los territorios más afectados por la violencia armada.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...
