Determinan hallazgos fiscales por $21.709 millones en Unidad Recreo Deportiva de Tierralta, Córdoba

Montería

A través de un comunicado, la Contraloría General de la República determinó seis hallazgos administrativos, cuatro de ellos con presunta incidencia fiscal por un total de $21.709 millones, tras llevar a cabo una Actuación Especial de Fiscalización al contrato de obra pública N°017 de 2022, correspondiente a la construcción y adecuación la Unidad Recreo Deportiva del municipio de Tierralta, Córdoba, financiada con recursos del Sistema General de Regalías.

La obra se ejecutó durante la administración del exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora.

“El ejercicio auditor configuró una observancia administrativa con incidencia disciplinaria, fiscal y penal por valor de $3.041 millones, dada la ausencia de soportes que precisaran los pagos hechos por conceptos de administración, es decir, salarios de personal y gastos operacionales, e imprevistos, determinando deficiencias en las tareas de interventoría y supervisión que constituyen riesgos de ineficiencia en la inversión estatal”, detalló el ente de control fiscal.

Asimismo, estableció que “el segundo hallazgo, cuantificado en $4.837 millones, corresponde al manejo del anticipo del contrato de obra, equivalente al 30 % del valor inicial. La Contraloría estableció que no se contó con soportes suficientes que permitieran verificar la ejecución o legalización del valor entregado, exponiendo falencias en el control de las obligaciones contractuales”.

“Por otra parte, se configuró un presunto detrimento fiscal por $7.634 millones, monto equivalente a la adición hecha al contrato de la Unidad Recreo Deportiva, cuyo valor ascendía a los $15.269 millones y en el que no se comprobó evidencia concluyente de los productos contratados por parte del municipio, determinando falta de control y supervisión del ente ejecutor. De hecho, la Tesorería Municipal no presentó un certificado de egreso que respaldara los pagos realizados a las cuentas de cobro referentes a la adición”, agregó.

El presunto daño fiscal habría superaría los $6.000 millones:

Según la Contraloría, en el proyecto se habría determinado “un presunto daño fiscal por $6.196 millones, tras identificar patologías estructurales y superficiales en los escenarios deportivos, además de riesgos de afectación a la seguridad de los usuarios por pérdida de funcionalidad y durabilidad de las obras y, por lo tanto, incumplimiento parcial del objeto contractual y los principios de eficiencia, eficacia y transparencia”.

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